jueves, 28 de mayo de 2009

Tarjeta azul, en crisis

Finalmente el Consejo de la Unión Europea aprobó la directiva sobre la tarjeta azul, destinada a atraer y a facilitar la estancia de inmigrantes cualificados provenientes de Estados no miembros de la Unión Europea. La iniciativa se basa en tres pilares: aumentar la competitividad del mercado laboral europeo (frente a otros mercados, incorporando a la mano de obra mejor cualificada), coordinar la política de inmigración europea (aunque las necesidades de los mercados laborales serán evaluadas por cada Estado miembro) y, retomando las palabras de Barroso, reducir la brecha entre ciudadanos europeos y ciudadanos de terceros países.

La idea de la tarjeta azul despertó desde sus inicios serias críticas por la premisa sobre la que se apoya: los Estados europeos eligen, atendiendo a su demanda, la mano de obra más cualificada de otros países, que, por su parte, pierden sus recursos humanos más valiosos. Para denunciar este fenómeno, se habló de fuga de cerebros. La Unión Europea reconoció, en parte, dicho riesgo y contraargumentó apelando a la migración circular y a la coperación al desarrollo.
Debido a la migración circular, se supone que los inmigrantes más cualificados regresarán a sus países de origen con una formación profesional mayor. De esta manera, se destaca que es beneficioso para los inmigrantes y para los países de origen. No obstante, la concepción de circularidad muestra la principal diferencia frente a la tarjeta verde norteamericana: el objetivo es mejorar los derechos y las condiciones de los residentes pero no hay una voluntad de conceder la ciudadanía (como ocurre con la tarjeta verde). Es evidente que resulta erróneo vincular la inmigración solamente al crecimiento económico y a la competitividad.

El comisario Jacques Barrot ha afirmado que la crisis económica no afectará a la aplicación de la tarjeta azul y que la Unión Europea envía una señal de apertura, aun en tiempos de recesión económica. Podemos interpretar estas palabras como un reconocimiento implítico de que la tarjeta azul llega tarde. Los políticos nacionales han apelado a las bondades de la inmigración altamente cualificada en los últimos años -especialmente para diferenciarse de la inmigración irregular. Ahora, en período de crisis, no serán pocos los Estados miembros que tengan dificultades para mantener esta distinción tan tajante: habrá seguramente ciudadanos europeos que protesten por las ventajas concedidas a inmigrantes cualificados -en lugar de invertir en la educación y formación de los nacionales. En este sentido, la Unión Europea podría terminar siendo víctima de su concepción económica-laboral de la inmigración.


Lo que sí resulta claramente positivo es el anuncio de sanciones a los empleadores y empresas que contraten a inmigrantes en situación irregular. Habrá que ver cómo afecta esta medida a algunos países europeos, pero, en cualquier caso, es bueno que la ilegalidad no se atribuya a las personas sino a un contrato laboral -beneficioso, principalmente, para el empleador. Con todo, esta medida demuestra de nuevo la debilidad argumentativa sobre la que se construye el discurso migratorio europeo: si existe contratación irregular, es porque las economías europeas no necesitan únicamente inmigrantes altamente cualificados.

La exclusión de otro tipo de inmigración del discurso oficial europeo podría derivar en un rechazo más generalizado de la inmigración. Si se insiste en la inmigración como ventaja económica y no se tienen en cuenta otros aspectos, algunos ciudadanos pensarán que, en crisis económica, la inmigración es innecesaria. Sería la consecuencia de un discurso economicista circular.

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