Memecracia: De la información real a la emoción viral

Reseña del libro Memecracia. Los Virales que nos gobiernan de Delia Rodríguez, editorial Gestión 2000. 2013, 206 páginas. Aparecida en el suplemento GPS del diario La Rioja el 15 de noviembre de 2013.

Contra la extendida idea de que Internet nos ofrece un espacio de libertad, Alex Galloway destaca que es más bien al contrario. Internet es, ante todo, un espacio de control, conseguido mediante la tecnología. De manera complementaria, Memecracia, de Delia Rodríguez, no se refiere a la tecnología (al menos, no directamente), sino a cómo las ideas contagiosas o memes controlan nuestras mentes. Éste es el gran valor del libro: en lugar de fomentar la creencia de que las ideas se limitan a circular libremente por Internet, ‘Memecracia’ nos alerta del abuso de las ideas contagiosas y los fenómenos virales que condicionan nuestra conducta, nuestros gustos y, en definitiva, nuestra capacidad de elección.

Con acierto, Rodríguez explica que los medios de comunicación, en su afán por entender y adaptarse a la nueva lógica desarrollada por Internet, se han transformado en medios de emoción. La función informativa ha sido reemplazada por la urgencia de contagiar ideas y conseguir la mayor repercusión posible, con independencia del valor del contenido. El periodismo actual abandona los contenidos más relevantes y costosos, como los reportajes, y se dedica a explotar la popularidad de las ideas contagiosas. Prueba de ello es que en sus ediciones online, los tweets de Bisbal o la última actuación de Miley Cyrus figuran entre las noticias más vistas por los internautas, desplazando noticias de mucho más calado.

Este loable carácter crítico del libro convive con otro más divulgativo, de manera que podemos identificar tres tipos de lectores: los periodistas, cuya función esencial es priorizar lo relevante y renunciar a lo intranscendente; los consumidores de memes, a quienes se les orienta sobre cómo ser más críticos; y los productores de memes, que cuentan con consejos para mejorar sus técnicas de difusión de memes (como se aprecia en el checklist, prescindible en mi opinión, sobre qué debe tener tu meme para triunfar). En Delia Rodríguez confluyen estas tres figuras y yo diría que el libro es mejor cuando acentúa el sentido crítico y no tanto cuando se recrea en algunos de los memes exitosos (como en el capítulo sobre los famosos).

Los casos usados son de naturaleza muy diversa. Los de entretenimiento pueden ser de todo tipo pero sobresalen los que usan la mezcla y la apropiación de imágenes para burlarse de los poderosos, como pasa con los memes sobre la familia real. Los de campañas (algunas falsas) de memes resultan atractivos por el conocimiento que la autora muestra sobre cómo se gestaron y difundieron. Los de acción política son, por su potencial, los más interesantes. La relectura del 15M como un fenómeno de producción de memes o la consideración del activismo creativo de grupos como Anonymous o Femen como guerreros del meme muestran cómo se pueden abrir espacios de resistencia y alterar la agenda política. 

Hay referencias a teorías estimulantes (como Augé o Lessig), aunque, por poner una pega, suele predominar la lectura biológica del comportamiento sobre la más sociológica (y de lo individual sobre lo colectivo). Con todo, ‘Memecracia’ contribuye con una visión original, y un nuevo vocabulario, para advertirnos del poder de control de las ideas contagiosas (y de quienes las controlan) y prepararnos para la guerra del meme.

Vivir sin miedo

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo afirma con contundencia: «En España estamos perdiendo el miedo a perder el empleo». Y basa su argumentación en el incremento de los indicadores de consumo. Algunos acusan al ministro de falta de sensibilidad o de pronunciar palabras desafortunadas. Yo, en cambio, creo que a De Guindos, errando por completo en su diagnóstico, hay que reconocerle su franqueza para desvelar el fundamento sobre el que se asienta el sistema: el miedo.

Como el filósofo canadiense Brian Massumi señala, el miedo es inherente a la existencia del ser humano en el sistema capitalista. Para que el miedo se convierta en dominante, es necesario crear un ‘espacio de miedo’. La crisis financiera y económica ha creado (o intensificado) ese espacio de miedo.
 
Mucho se ha escrito sobre la crisis del 29 y sus paralelismos y diferencias con la crisis actual. En aquel entonces, las soluciones económicas se inspiraron en la creencia de John Keynes en el equilibro social y económico. Por un lado, se integró al movimiento obrero en la toma de decisiones mediante los convenios colectivos o el derecho a la huelga y, por otro, los trabajadores pasaron a ganar lo suficiente para convertirse en consumidores (al igual que los desempleados gracias a las políticas del Estado de bienestar). Tras la adquisición del derecho al consumo, enfatiza Massumi, se inicia una fase de capitalismo de rostro humano en el que los privilegios económicos dejaron de cuestionarse. Eso sí, cada vez que los trabajadores aumentaban la intensidad de sus demandas y exigían más derechos, se creaba un nuevo espacio de miedo y las expectativas de cambio social o político quedaban así mitigadas.

La crisis actual representa la mayor ruptura de equilibrio social y económico hasta la fecha y la creación de un nuevo espacio de miedo. Las promesas de un futuro mejor son reemplazadas por un no futuro (o la negación de la posibilidad de un futuro mejor). Se extiende la certeza de que las generaciones venideras van a vivir en peores condiciones. Lo vemos en el caso de los jóvenes que asumen que van a vivir peor que sus padres o asumen tener que pasar por el exilio para buscar trabajo. Asimismo, la reforma de las pensiones rompe con la ilusión de que, tras años de cotización y trabajo, se ha adquirido el derecho al ocio y disfrutar de la vida. Las pensiones futuras, a partir de ahora, sólo pueden ser peores.

Y en medio, otra generación sumergida en el escenario del miedo. El desempleo entre los mayores de 50 años es del 21%. Un grupo con dificultades para optar por la emigración que pierde, al mismo tiempo, la esperanza de acceder a una pensión digna. Roto el equilibrio social keynesiano, los trabajadores mayores de 50 ven cómo las posibilidades del trabajo indefinido se alejan y cómo las prestaciones sociales y de ayuda al desempleo, antaño características del Estado de bienestar, se recortan drásticamente. En realidad, estamos hablando del miedo a quedarse fuera del mercado laboral y no del miedo a perder el empleo.

Los países nórdicos crearon un modelo de mercado laboral combinando la flexibilidad en el mercado laboral (el despido fácil) con la seguridad (prestaciones sociales altas). El objetivo no era otro que eliminar el miedo y preservar el equilibrio. En España la crisis ha servido para renunciar a cualquier intento de potenciar la seguridad y la reforma laboral se entiende como un modo de profundizar en la flexibilidad, queriendo decir precariedad y explotación. Desaparecen del panorama español y europeo las ambiciones fijadas antes de la crisis en la renovada estrategia de Lisboa. Los contratos indefinidos, la conciliación de la vida laboral y familiar o el pleno empleo quedan fuera de la agenda política y se han convertido en privilegios en lugar de derechos. Es el nuevo espacio del miedo.

Por otro lado, son muchos los ciudadanos que han entendido que conseguir conquistas sociales pasa por la pérdida del miedo. Es curioso ver cómo los jóvenes sin futuro y los yayoflautas han declarado con reincidencia que no tienen miedo, a pesar de la vulnerabilidad económica a la que son expuestos con el alto desempleo juvenil y la incipiente reforma (esto es, recortes) de las pensiones.

De la negación del miedo aprendemos dos cosas: la primera es que el miedo se experimenta individualmente, inherente al sistema económico, en situaciones cotidianas, pero se supera en procesos de participación e identificación colectivos; la segunda que el miedo, cuando es negado, deriva en algo positivo: la afirmación de la dignidad de las personas, que recuperan (aunque sea momentáneamente) el control sobre sus vidas. Vivir sin miedo. Lo cual no es poco en momentos en que el sistema ya ni se preocupa por asegurarse de que los trabajadores puedan ser consumidores para mantener el equilibrio económico. Ahora parece que es suficiente con consumir para probar que el miedo al desempleo se ha superado. El capitalismo ha renunciado a su rostro humano.

Lo ideal sería tomar a De Guindos en serio, ya que él ha perdido el miedo a perder su empleo. Los ciudadanos deberían aprovechar la oportunidad (¿la que dan las elecciones?) para que pierda (sin miedo) su empleo actual. El problema es que De Guindos podría volver a ser contratado como consejero asesor de Lehman Brothers y desde ahí dedicarse a crear más miedo. De ahí que el reto sea, con toda su dificultad, perder el miedo no al desempleo, sino a los que se dedican a crear el miedo.

La paradoja democrática

Artículo aparecido en el diario La Rioja el 28 de julio.

En su comparecencia del 15 de julio junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Mariano Rajoy inicia la nueva estrategia de desvincular a Bárcenas del Partido Popular, vender su encarcelamiento como un triunfo del Estado de Derecho y colocar a todo aquel que mencione su nombre en el grupo de quienes siguen la agenda del señor Bárcenas (incluyendo a los periodistas que ven cómo se reduce el espacio de control crítico de los excesos del Gobierno). Todo esto es preocupante, al igual que el afán gubernamental de apropiarse de la capacidad de decidir qué es democracia y qué no.

Cuando Rajoy anuncia que comparecerá en el Congreso para hablar de «economía y política» (y no de Bárcenas) pretende presentar datos económicos como síntomas de recuperación económica y hacer pensar que la política exitosa consiste en gestionar la economía y no en generar mejores condiciones para los ciudadanos. De hecho, Rajoy sacrifica la política en beneficio de la economía (sin que tampoco pueda presumir demasiado de resultados) y presenta una versión mínima de la democracia que excluye cualquier forma de acción que no sea la proveniente del gobierno. Para el PP, todo lo que no coincida con su línea política o no respeta la voluntad popular (manifestada en las urnas cada 4 años) o contribuye a empeorar la crisis económica y dañar la marca España.

 

En la comparecencia anteriormente mencionada, Rajoy subraya esta idea: «Y el gran valor que tiene en estos momentos nuestro país es la estabilidad política y yo voy a defender la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles en su momento». La estabilidad política significa, claro está, sacar adelante la voluntad política del PP (y quienes no la apoyan «juegan a otra cosa» y desestabilizan el país) y la democracia se reduce a la misión asumida por Rajoy de cumplir su mandato. Todo lo que queda fuera de este estrecho margen de acción es visto con rechazo y desconfianza.

Sin embargo, no conviene olvidar que la democracia difícilmente puede reducirse a la voluntad electoral y mucho menos a la voluntad de un gobierno. El filósofo Jacques Rancière habla de la paradoja democrática para explicar por qué la democracia siempre tiene un doble sentido: por un lado, la democracia es entendida como un entramado institucional (en el que la soberanía reside en el Parlamento, hay una constitución, partidos políticos que se someten a unas elecciones) y, por otro, la democracia es el poder del pueblo (expresado mediante manifestaciones, la defensa de lo público, la reivindicación de los derechos humanos). A veces, por mucho que el sistema político quiera monopolizar el significado de la democracia, la contestación popular siempre va a reclamar otras formas de democracia, más participativa e inclusiva, que desafíen la versión reducida de la democracia sustentada por el orden político.

Y en ese momento nos encontramos ahora. El PP se aferra a una idea de democracia que, tal y como estamos comprobando, cada vez resulta más empobrecida. Un reciente informe de la Fundación Alternativas sobre la democracia en España concluía que la democracia había dado un salto hacia atrás a causa de la desaparición de expectativas sociales, la corrupción y la pérdida de soberanía experimentada debido a la injerencia de la Unión Europea. Aun así, Rajoy sólo piensa en completar su mandato y ha puesto en marcha la maquinaria de cuestionar el poder ejecutivo, provenga del propio orden político (la moción de censura es un ejercicio de irresponsabilidad y no de control democrático) o de los medios periodísticos (Jesús Cintora tuvo que aguantar ataques personales del portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, y la acusación de que todo lo que publica la prensa son patrañas).

En este sentido, resulta interesante que los movimientos sociales hayan ejercido de oposición al Gobierno más que los partidos políticos, preocupados como en el caso del PSOE por alcanzar un pacto europeo con el PP. La PAH ha sido capaz de mostrar la arbitrariedad de la legislación y la cohabitación de intereses económicos y políticos. A lo cual el PP respondió, como bien es sabido, con acusaciones de fascismo en un intento de imposibilitar otra visión de la democracia que sí que reflejaba las preocupaciones (y la indignación) de los ciudadanos. Cuando quienes rodean el congreso son descalificados por los enfrentamientos con la policía o quienes protestan en Génova son ninguneados porque no eran más de 2.000, se olvida un asunto fundamental: ¿lo que los ciudadanos piden, ya sea una mayor responsabilidad de los gobiernos ante sus ciudadanos o la denuncia de la corrupción, contribuye o no a mejorar el sistema democrático? Rechazar sus demandas porque no han sido elegidos en unas elecciones o porque el número de manifestantes es considerado insuficiente no es más que una manera de evitar un debate serio sobre la democracia y qué intereses son los que realmente están siendo representados en el Parlamento.

 

La paradoja democrática se hace cada vez más evidente: frente a instituciones (desde la monarquía hasta los partidos políticos pasando por el Tribunal Constitucional) con su legitimidad cayendo en picado, los ciudadanos asumen la responsabilidad de fortalecer la democracia. La brecha entre gobernados y gobernantes se agranda: mientras que los ciudadanos tienen que luchar por conseguir espacios en los que ser escuchados, el presidente del Gobierno sólo acude a hablar a los ciudadanos porque se siente obligado.

Desindexados

Artículo aparecido en el diario La Rioja el día 5 de mayo de 2013

La semana pasada asistimos a un episodio revelador de la política española. El jueves se dio a conocer la alarmante cifra de desempleo de 6,2 millones de parados. Al día siguiente, la comparecencia del Gobierno para anunciar nuevas (y temidas) medidas de ajuste. Se ha calificado la exhibición protagonizada por Sáez de Santamaría, De Guindos y Montoro, de más resignada, realista o pesimista. Incluso se ha llegado a decir que el Gobierno había dicho la verdad, revestida de impotencia, al reconocer que no puede hacer nada por combatir el desempleo. Mi impresión es un poco diferente. Es cierto que el Gobierno ha reconocido su incapacidad para gobernar la realidad (la más importante: el empleo y el paro), pero, para sobrevivir a ello, ha iniciado la estrategia de crear otra realidad: una realidad que sea gobernable.

En su encuentro anual con el Instituto de Empresa Familiar, Mariano Rajoy explica este proceso de disociación entre lo ingobernable y lo gobernable. ¿El empleo y el paro? Ingobernable. «Ya hemos visto que todavía no es positivo, en realidad es negativo, el balance en términos de empleo y paro», dijo Rajoy. ¿Y lo gobernable? ¿Lo positivo? Rajoy nos lo aclara: «¿Y los nuevos cimientos en los que debe basarse el nuevo escenario económico, están ya sólidamente fijados? Los peldaños que nos permitirán alcanzar la recuperación, ¿están ya instalados? El balance de este ultimo año sí ha sido positivo». En otras palabras, para crecer y crear empleo, es necesario establecer las bases para una nueva economía a base de recortes y austeridad. El Gobierno se ha inventado una extraña fórmula para combinar el entristecimiento por las cifras del paro con la euforia por sus macroresultados.

El PP, antaño sólo preocupado por los problemas reales de la gente, se ha desentendido de esos problemas (si nada se puede hacer) y ha optado por un lenguaje abstracto y técnico que dibuja realidades macroeconómicas con supuestas soluciones. En este terreno, las previsiones ‘conservadoras’ varían de malas (según el Gobierno) a muy malas (según la Comisión Europea), se ofrecen distintos años para el crecimiento y la creación de empleo (2014, 2015), se presentan muchos datos positivos (como la contención de la prima de riesgo) pero, en ningún caso, estas acciones se traducen en un cambio tangible en las condiciones laborales y económicas de los ciudadanos (por no hablar de las sociales).

A raíz de la crisis económica se ha recurrido a la división entre economía real y financiera, pero quizás sea conveniente pensar la política en similares términos y distinguir entre política real y especulativa. La política especulativa, por mucho que se revista de cientificidad y de hechos, no deja de basarse en valores subjetivos. Sus resultados cambian constantemente y no dependen sólo de los esfuerzos emprendido por los gobiernos, sino de lo que esté pasando en su entorno. «Hablen bien de España», decía Rajoy a los empresarios, consciente de la debilidad de la política especulativa. Cualquier rumor negativo puede ser altamente perjudicial. Por eso, Rajoy no se preocupa por las manifestaciones de los ciudadanos (como haría en el caso de la política real), sino por seguir las indicaciones de la troika.

Volviendo a la comparecencia del trío De Guindos-Santamaría-Montoro, encontramos un claro ejemplo de política especulativa en la que el Gobierno se siente cómodo delimitando qué es lo que se puede gobernar. La introducción del término ‘desindexación’ refleja el gusto por el lenguaje técnico incomprensible con el que el Gobierno transmite su realidad macroeconómica a los ciudadanos. El objetivo de la desindexación es dejar de vincular las pensiones a un índice, el IPC. Con anterioridad, si la inflación subía más que las pensiones, se compensaba a los pensionistas. Con la desindexación, el Gobierno ya no tiene esa obligación y los pensionistas pierden su derecho. Se trata de un buen ejemplo de cómo un tecnicismo sirve al Gobierno para desentenderse de sus obligaciones hacia los ciudadanos y se entrega a una lógica económica superior.

Uno de los grandes problemas de la crisis económica es que la crisis se explica cada vez más en términos económicos (en manos de expertos) y no políticos. El Gobierno del PP ha aceptado esta premisa y aspira a crear narrativas macroeconómicas (que pueden contribuir o no a la recuperación económica) y asume su impotencia para encontrar soluciones políticas. A los ciudadanos se les pide igualmente que acepten que sus problemas desaparecerán si y sólo si se ajusta el cuadro macroeconómico. Se espera que, al igual que el Gobierno no puede hacer nada, los ciudadanos terminen por no hacer nada (al fin y al cabo, nada va a cambiar).

Los ciudadanos quedan desindexados tras perder cualquier vínculo con una iniciativa política que garantice sus derechos. El Gobierno ya no siente que deba fomentar la creación de empleo ni asegurar mejores servicios públicos. Como dice Franco Berardi, el sistema ha dejado de responder a las demandas sociales y se dedica a fortalecer un orden económico que incrementa la fractura social. Las manifestaciones sociales pretenden reintroducir los problemas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos en la agenda política (puramente especulativa). Por mucho que las protestas sociales sean contestadas con descalificaciones gruesas e intentos de criminalización, nada de esto consigue ocultar la cuestión de fondo: la denuncia de la incapacidad del Gobierno para gobernar.

Precariado

Artículo aparecido en el Anuario 2012 del diario La Rioja

En su canción ‘Parva que sou’ (‘Pero qué estúpida soy’) el grupo portugués Deolinda reflexiona sobre el problema de la actual generación sin remuneración: “Me da por pensar, qué mundo tan estúpido, en el que para ser esclavo es necesario estudiar”. Pocas palabras reflejan mejor la contradictoria situación que estamos viviendo. La generación mejor formada va a ser la generación más explotada. Hablar de ‘generación perdida’ explica tan sólo una parte: los jóvenes cualificados no van a encontrar un trabajo que satisfaga sus expectativas. Pero olvida otra más importante: los jóvenes van a compartir condiciones socioeconómicas de ‘esclavitud’ similares a las de tantos otros grupos sociales. Todos ellos conforman el precariado.

El término ‘precariado’ está compuesto por la combinación de ‘precariedad’ y ‘proletariado’. La existencia de nuevas condiciones de explotación socioeconómica (la precariedad) conlleva la aparición de un nuevo sujeto (el precariado), que, a diferencia del proletariado, no se restringe únicamente a la clase obrera. La idea surge hace poco más de una década en el ámbito académico (el concepto es acuñado por Robert Castel y es desarrollado en España por Rafael Díaz-Salazar) y en el del activismo altermundial. Poco a poco, las referencias al precariado en los medios de comunicación aparecen con mayor frecuencia. La Real Academia de la Lengua no se hace todavía eco del término, aunque sí define ‘precarizar’ como “convertir algo, especialmente el empleo, en precario, inseguro o de poca calidad”. El precariado es el sujeto que sufre, por tanto, el  proceso de precarizarción. Un proceso acentuado por los reajustes sociales implementados como respuesta a la crisis.

En España, hemos visto cómo los ciudadanos han reaccionado a la crisis. Si el año 2011 queda marcado por el surgimiento de un movimiento inédito de protesta cívica contra la clase política, 2012 pone ante los ojos de la opinión pública los múltiples rostros que componen el precariado. Mientras que los indignados reflejan una nueva conciencia política dirigida a democratizar el sistema, las protestas sociales a lo largo de 2012 reflejan la existencia de una clase social. A pesar de manifestarse de forma fragmentaria, el precariado comparte un sentimiento de vulnerabilidad originado en la falta de seguridad.

El gobierno del PP ha impuesto un nuevo modo de hacer política. Mariano Rajoy lo sintetiza con una frase involuntariamente cómica: “No he cumplido mis promesas electorales pero al menos tengo la sensación de haber cumplido con mi deber”. Para el presidente, el compromiso asumido con los votantes es irrelevante. Lo importante es cumplir con su deber. Pero, ¿qué deber? La aplicación de las reformas de ajuste dictadas por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). El precariado refleja la paradoja abierta por el vacío entre la promesa y el deber. Por un lado, el marco de acción sigue siendo nacional (donde se incumplen las promesas electorales) y, por otro, el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas se produce en el terreno global (donde Rajoy cumple su deber). En otras palabras, el capitalismo actual requiere políticas de ajuste que obedecen a los intereses del mercado global y no de los ciudadanos. 

De ahí que los ciudadanos reaccionaran en 2011 al constatar que el ‘deber’ de los políticos no tenía nada que ver con ellos. El ‘deber’ se ha ido traduciendo en una progresiva precarización de los ciudadanos. Ya no se trata sólo de los trabajadores con salarios bajos, los parados (cuyo número no para de crecer), las jóvenes, cualificados o no, los inmigrantes indocumentados, sino también de la llamada clase media. Efectivamente, el endeudamiento y los recortes y privatizaciones en el sector público han desvelado la inestabilidad sobre la que se asentaba la clase media española. Es muy fácil hablar del tópico “vivir por encima de nuestras posibilidades” cuando, en realidad, lo que está pasando es que las posibilidades de vida de los ciudadanos se están mermando.

El precario no está totalmente excluido del sistema, ya que su inclusión dentro del mismo asegura su extrema vulnerabilidad. La reforma laboral ha contribuido a ello. Las condiciones para quienes buscan acceder y mantenerse en el mercado laboral han empeorado. La precariedad es el precio que hay que pagar para formar parte del sistema y tener un trabajo. Propuestas como los minijobs son una buena prueba: mejor un trabajo mínimo que ningún trabajo. Lejos van a quedar los derechos laborales cuando el trabajo se convierta en una necesidad para sobrevivir.  Los parados sufrirán los problemas derivados del desempleo, mientras que los trabajadores experimentarán el temor a perder sus empleos y accederán a peores condiciones.

Los ciudadanos han respondido y han ocupado las calles e incluso han rodeado el Parlamento. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con un enorme respaldo público, se ha convertido en el movimiento más significativo. La PAH ha denunciado la lógica capitalista basada en el endeudamiento de los ciudadanos y sus dramáticas consecuencias, que en última instancia han llevado al suicidio. Y hay más ejemplos: la defensa por la educación pública, el pulso mantenido por los profesionales sanitarios contra los recortes, el rechazo de los funcionarios a la pérdida de derechos (lo que ahora se llama privilegios). Todos ellos se han manifestado, incluso de manera conjunta mediante mareas de colores para visualizar la pluralidad de luchas y grupos opuestos a la interiorización de las políticas de recortes como única salida a la crisis.

El precariado, según el economista Guy Standing, puede devenir una clase peligrosa, dado que su malestar y enfado puede ser aprovechado por populistas y demagogos. Los políticos dan una vuelta de tuerca a este peligro: la manifestación de sentimientos anti-políticos puede fácilmente llevar al fascismo. Los políticos no entienden que el malestar surge de la precariedad y ésta, curiosamente, se genera por las actuales políticas económicas y sociales. Lo preocupante es que los políticos sean anti-ciudadanos, porque ello podría llevar a un gobierno tecnocrático no democrático. No se trata de evitar que el precariado se convierta en una clase peligrosa, sino de evitar que se convierta en una clase. Paradójicamente, las políticas económicas promueven tanto la precarización como sus riesgos.

Precariedad y emigración juvenil

Con la campaña “No nos vamos, nos echan”, Juventud Sin Futuro tiene el objetivo de mostrar que la precariedad que está afectando a todos los españoles obliga a muchos jóvenes a abandonar el país en busca de mejores oportunidades laborales. De ahí que el colectivo hable de exilio para enfatizar que se trata de una migración forzada que no responde únicamente a motivaciones personales.
 

El gran valor de la campaña consiste, precisamente, en contradecir la idea de que emigrar es una decisión exclusivamente individual y que la buena fortuna en el extranjero depende de los propios méritos del emigrante. La falta de voluntariedad se explica por las políticas de austeridad y la extendida precariedad laboral que crean unas condiciones estructurales que dificultan a los jóvenes encontrar un trabajo digno (por no hablar de trabajo estable, o menos aun, fijo). Esto hace que los jóvenes se planteen abandonar el país como una necesidad laboral y no como una decisión individual debida a su propio deseo de emigrar. Por otro lado, la precariedad no termina en el terreno nacional, sino que se experimenta en el extranjero también. Esto se opone al imaginario del emigrante-turista, potenciado por ‘Españoles en el mundo’, donde historias de éxito personal son acompañadas por postales turísticas de los países de acogida. La campaña de “No nos vamos” muestra otras biografías que reflejan mejor las condiciones reales que tienen que afrontar los emigrantes, sobre todo si tenemos en cuenta que los primeros meses o años suelen ser duros. 

  

Creo, además, que la idea de la campaña supone un cuestionamiento del modo en que se ha tratado de entender la inmigración en el marco europeo. La Unión Europea, con una estrategia de Lisboa renovada basada en el crecimiento, la productividad y el empleo, intentó promover un tipo de inmigración laboral a la demanda. Para aumentar la competitividad económica (y responder al desafío de la evolución demográfica), la UE debía ser atractiva para inmigrantes altamente cualificados que contribuirían al crecimiento económico y a la productividad nacional.  

Después de la crisis económica, la ilusión de que la inmigración podría controlarse para incrementar el crecimiento y la productividad nacionales ha quedado claramente desmentida. España, como país reciente de inmigración, ha visto cómo el número de inmigrantes se ha reducido (además de aumentar el desempleo entre ellos). Las altas tasas de desempleo han vuelto a hacer que la emigración sea la única alternativa para algunos sectores de la población. Los jóvenes no abandonan España (salvo en algunos casos) para ir a otros países donde se requiere mano de obra acorde a sus cualificaciones, sino que se adaptan a los trabajos que encuentran en los países de destino. La idea de que la inmigración se puede regular y controlar según las demandas de los mercados laborales nacionales (con su enfoque en los sectores altamente cualificados) fracasa estrepitosamente al encontrarse con mercados laborales cuya oferta de trabajo (especialmente juvenil) es casi inexistente y precaria.

Porque la palabra clave para esta juventud sin futuro es la precariedad. La noción de ‘generación perdida’ es un tanto ambivalente porque conlleva cierta pasividad: las posibilidades de los jóvenes son desaprovechadas (perdidas) y la generación en sí parece incapaz de encontrar su rumbo (como si fuera incapaz de revertir o cambiar dicha situación). Es cierto que se está desaprovechando laboralmente a una generación altamente cualificada pero esto es así debido a las condiciones de precariedad socioeconómica que obligan a los jóvenes a aceptar cualquier tipo de trabajo o a emigrar. Esta generación precaria no está sola, sino que esta acompañada de muchos otros sectores de la población que viven en la precariedad (también los jóvenes inmigrantes en España que son uno de los sectores más afectados por la crisis).

Es importante que los jóvenes, los que no se van y a los que les echan, muestren que la emigración no es una opción meramente individual ni la precariedad es el resultado de una carrera personal mal orientada. Los movimientos sociales emergidos tras la crisis nos están enseñando a politizar problemas que habían sido despolitizados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha combatido el sentimiento individualizado de culpa de quienes no pueden pagar sus deudas y ahora Juventud Sin Futuro rechaza que la emigración responda a motivos individuales. La gran virtud de estos movimientos consiste, en definitiva, en identificar y combatir las causas que provocan los desahucios o la emigración forzosa. Y las causas no son otras que políticas, económicas y sociales. En ningún caso, individuales. Por eso, la única manera de cambiarlas pasa por organizarse social y políticamente y no por emprender un viaje a Noruega tras ver cómo se defienden otros españoles por el mundo.

Escraches y legitimidad

Artículo aparecido en el diario La Rioja el 31 de marzo de 2013

Hay puertas que se pueden abrir. Un agente de policía de Ceuta narraba la dureza de los desalojos, sobre todo cuando hay niños de por medio, que recogen sus juguetes y preguntan a sus padres por qué tienen que abandonar su habitación. Con todo, el agente consideraba que tenía que cumplir con su obligación y que, de no hacerlo, cometería un delito. El Estado posee el poder de coacción para imponer su criterio (obligando a alguien a hacer algo que no quiere) o de coerción (usando la fuerza en el caso de que no se acepte). Policías, bomberos o cerrajeros pueden ejecutar la orden de desahucio. Esto implica una desigualdad esencial: cualquier movimiento contrario a la legislación existente se enfrenta con la asunción de que existen usos legítimos e ilegítimos de la violencia.

También hay puertas que no se abren. Los diputados del PP han sido increpados y perseguidos por las calles. Lo llaman escrache, el método de protesta aplicado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como medida de presión para que los políticos del PP apoyen las demandas de la ILP. Es difícil decir que los manifestantes emplean la coacción (dudo que la presión en las calles vaya a obligar a los diputados a votar en un sentido u otro) y lejos está de su intención usar la violencia para que se ejerza su voluntad.
No sorprende, sin embargo, que las acciones emprendidas por los movimientos sociales pronto sean tildadas de ilegítimas, violentas, antidemocráticas, etc. Las formas de protesta suelen ser puestas bajo sospecha: las huelgas, porque los piquetes informativos privan a quienes quieren trabajar de su libertad de elección; o la ocupación de las plazas porque perjudica al comercio y supone un riesgo para la higiene publica. Cualquier desafío al cumplimiento de las normas que rigen el comportamiento cotidiano pronto es percibido como criminal por el orden existente. El elemento de protesta (o rebelión) que provoca la desobediencia (muchas veces temporal o simbólica) de las normas se pierde en el momento en que es presentado como un delito.

El escrache es un modo organizado de protesta ciudadana para denunciar la responsabilidad de los políticos. Se puede afirmar que contiene elementos fácilmente censurables (los hijos de González Pons o los insultos de ‘asesino’) pero no que es en sí una acción ‘violenta’. Es un acto público que transmite a los políticos la incomodidad que probablemente no tendrán si aprietan el botón rojo para rechazar la ILP. No es un acto espontáneo sino perfectamente organizado. El malestar de los ciudadanos es, de hecho, canalizado políticamente.

La legitimidad del escrache reside en las personas que lo practican: aquellos que, parafraseando a John Locke, recurren al derecho a la resistencia cuando el gobierno no cumple los fines que se le han encomendado. El escrache, además, remite a otras luchas sociales como fue el señalamiento público de responsables directos de la dictadura argentina que paseaban impunes entre el resto de ciudadanos. Es un mecanismo de reclamar justicia cuando ésta se muestra arbitraria e injusta. El paralelismo con la PAH es claro: se trata de que los políticos asuman su responsabilidad sobre las condiciones de vida de los gobernados. Si hay excesos en su aplicación, no deberían suponer un rechazo al modo de protesta ni mucho menos a todo el movimiento.

Y, sin embargo, el PP, que niega cualquier similitud con lo que sucedía en Argentina, se esfuerza en comparar los escraches con la kaleborroka y algunos comentaristas insinúan que les recuerda al acoso de los nazis a los judíos. Los mismos a los que les molesta que les griten ‘asesinos’ se dedican a tachar a los miembros de la PAH de terroristas. Probablemente, el PP piensa que deslegitimar los escraches es el modo mas fácil para deslegitimar a toda la organización y sus demandas. Dejando a los escraches desprovistos de aquello que les da sentido (la asunción por parte de los políticos de su responsabilidad), ya sólo queda hablar de violencia, coacción o acoso.

Cuando los populares consideran los escraches antidemocráticos y a las demandas de la PAH, por extensión, ilegítimas, cometen el error de menospreciar las causas que generan la protesta. Como señala el economista Christian Marazzi, todas las explicaciones económicas sobre la crisis (y vemos a muchos expertos hablando de prima de riesgo, inversiones, necesidad de ajustes, déficit) pasan por alto que la crisis (y las medidas destinadas a superarla) contribuye a la composición de clases sociales. Actualmente asistimos a la emergencia de una clase social: una generación precaria, endeuda, desahuciada.

Los políticos pueden seguir mirando a otro lado, aunque los escraches se lo pongan difícil. Ganar las elecciones no da derecho a no escuchar a los ciudadanos, sobre todo cuando son ellos quienes están padeciendo las consecuencias de las medidas de recuperación económica. Si la PAH ha demostrado ser capaz de ganarse el apoyo de los ciudadanos, ahora está denunciando que el Gobierno no gobierna para sus ciudadanos. El escrache refleja esa desigualdad de medios (las puertas que se derrumban y las que no), así como la existencia de dos tipos de legitimidad (la del derecho del Estado a desahuciar y la del ciudadano a no vivir hipotecado). Sabemos que hay una nueva clase precaria, pero no por las leyes que se están aprobando en el Parlamento, sino porque, con ILP y escraches, está protestando en la calle.

Dia Internacional de la Mujer

María Dolores de Cospedal ha aprovechado el Día Internacional de la Mujer (de la mujer emprendedora, supongo) para reunirse junto con otras mujeres y mostrar su visión como mujer del mundo de la política y, de forma más general, del mundo que nos rodea. No hace falta escuchar con demasiada atención a Cospedal para entender que ser mujer no es lo mismo que ser feminista ni tampoco que ser mujer no es incompatible con ir en contra de los intereses de las mujeres.

Cospedal ha hablado de cuotas: "Nosotros no estamos a favor de las cuotas y siempre hemos tenido en las primeras de la lista a mujeres, hay algunos que no las llevan de primeras pero siempre llenan la cuota de la lista. Es muy ofensivo para muchas mujeres esto de que como eres mujer tienes que formar parte de la cuota. Esto es lo mas machista que hay para una mujer y es considerarnos en su conjunto como una masa deforme en la que somos todas iguales."

El argumento para el empleo de las cuotas va a ser siempre el mismo: combatir la desigualdad estructural de género que discrimina a las mujeres y dificulta su acceso a cargos de dirección (y al propio mercado laboral). Por otra parte, el argumento en contra también es invariable: las personas deben valorarse por su mérito y no por su sexo. Es cierto que no faltan mujeres (además de Cospedal) ni hombres que denuncian que las cuotas son discriminatorias, también para la mujer.

  
Aun se puede ir más lejos en la crítica a las cuotas en nombre de la defensa de la mujer. Cospedal da un giro imposible a la idea de la lógica (combatir el machismo institucional) y califica a las cuotas de machitas, responsables asimismo de considerar a las mujeres "una masa deforme". No se me ocurre comentario más surrealista (bueno, sí, pero tendría que ver con el caso Bárcenas). ¿Por qué son las cuotas machistas? Una mayor igualdad en los puestos de representación, ¿contribuiría a reproducir el machismo? ¿Facilitar el acceso de las mujeres a los cargos de responsabilidad política es uno de los objetivos de la dominación masculina?

Cuando Cospedal habla de conciliar se muestra aparentemente crítica: "Los hombres concilian la vida laboral y su vida personal. Trabajan y luego se pueden ir a echar la partida, o a tomar una cerveza, o jugar al tenis o ver el fútbol". Parece que en este caso a Cospedal no le importa convertir a los hombres en "una masa deforme en la que son todos iguales". Como solución propone la corresponsabilidad. Muy bien, Cospedal. ¿De verdad piensa que los hombres en altos cargos y con mejor situación laboral van a 'sacrificar' su vida laboral para asumir sus responsabilidades en su vida familiar? Obviamente, no, porque el problema es estructural y volvemos de nuevo a las cuotas (en lugar de al mérito) y a la necesidad de otras políticas activas que corrijan tal desigualdad.

Porque si todo trata de mérito, ya sabemos que Cospedal es mujer y es secretaria general del PP. Y por ser justos, sabemos también que Rajoy es hombre y presidente del gobierno.

A pesar de todo, feliz día internacional de la mujer trabajadora.

La calle y el Congreso

Artículo aparecido en el diario La Rioja el 3 de marzo de 2013

La crisis política, provocada por la corrupción y la incapacidad de los gobernantes para gobernar, ha favorecido la aparición de voces críticas procedentes de la sociedad civil o incluso de los propios partidos políticos. Este fenómeno es sano y debe ser saludado. Enriquece, sin duda, la esfera pública. Otra cosa es el gusto de los medios por exponer en exceso a estos nuevos protagonistas políticos durante el breve lapso de tiempo marcado por la ‘agenda de la actualidad’. Así lo hemos visto recientemente con la coincidencia de dos nuevas figuras públicas, Aida Colau y Beatriz Talegón, en casi todos los programas televisivos.

Las reacciones ante el espacio abierto por Colau y Talegón han sido variadas, desde quienes han visto en ellas a ‘las voces a ras de suelo’ (Maruja Torres) a quienes hablan de ‘esperpento populista’ (Salvador Sostres). Es sintomático que cada vez sea más común calificar de populista o demagoga cualquier declaración que contradice la agenda política oficial e introduce la opinión de los ciudadanos. Ahora decir ‘populista’ no es suficiente. Hay que destacar que es un ‘esperpento’ para que no quepa duda que sólo se sale de la crisis si se mejoran las condiciones de los emprendedores y no si se aseguran los derechos (básicos) de los ciudadanos. Por otro lado, bien es cierto que estamos ante voces que contradicen el monólogo político. Esto es lo que hace más interesante escuchar a Beatriz Talegón y Aida Colau que a Soraya y Soraya.

Acertadas fueron las palabras de Talegón a la hora de mostrar la brecha abierta entre políticos y ciudadanos mediante su queja: «¡Cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de cinco estrellas!». Curiosamente, lo que más llamó la atención fue que se mencionara la palabra ‘revolución’ en el contexto de la internacional socialista. No deja de ser significativo que la palabra ‘revolución’ ya no se use políticamente y que no se considere parte del bagaje socialista. Hasta donde yo sé (y el diccionario me avala en esto, no el de la RAE, pero sí el diccionario Clave, por ejemplo), revolución significa también «cambio rápido y profundo», lo cual no estaría mal como respuesta a la crisis en lugar de insistir en recortes sociales y mayores ajustes.

Como la revolución no se hace en los hoteles de cinco estrellas, Beatriz Talegón, acompañada por López Aguilar, fue a la calle para participar en una manifestación. Sin embargo, tuvo que abandonarla, escoltada por la policía, al ser increpada por algunos de los manifestantes. Talegón, en su discurso, no había criticado a los políticos, sino a los líderes, los responsables de la crisis, con la esperanza de que algo cambiara dentro del partido. Los manifestantes, en cambio, no distinguieron entre militantes de base y líderes ni creyeron que unos fueran más responsables que otros. ¿Hubiera sido preferible que hubieran abucheado a los líderes? Sí, pero éstos seguían en hotel y la joven secretaria de la Internacional Socialista era su única representante. Talegón simboliza la imposibilidad del PSOE de volver a la calle, de integrarse entre la voz de los ciudadanos.

 
El recorrido de Aida Colau es el inverso: de las protestas en las calles para frenar los desahucios al Congreso de los Diputados. La presión social fue tan fuerte que obligó al PP a cambiar su posición y aceptar la Iniciativa Legislativa Popular, avalada por casi millón y medio de ciudadanos, para regular la dación en pago y paralizar los desahucios. Levantó polvareda otra palabra, ‘criminal’, aplicada a la banca, pero poco se dijo sobre el cuestionamiento certero de Colau acerca del papel de expertos atribuido a los representantes de las entidades financieras, ya que no conviene olvidar que no son meros expertos sino partes interesadas en influir en una legislación favorable y en evitar asumir responsabilidades de la situación que ellos mismos han propiciado.

Pero el día en que se aceptó la ILP, Colau, junto con otros miembros de la PAH, fueron expulsados del Congreso. Las palabras pronunciadas por el diputado popular, Teodoro García, desde la tribuna, situando al PP «junto a los ciudadanos», fueron respondidas por indignación y gritos de «Sí, se puede». Lo más revelador tras el desalojo fue la pregunta formulada por una de las representantes de la Mesa del Congreso: «Sí se puede ¿qué?» No se puede tener menos comprensión sobre lo que está pasando. ¿Acaso alguien no entiende que es lo que los ciudadanos quieren expresar con el «sí, se puede»? Parece que sí y que esa persona está en la Mesa del Congreso, representando a los ciudadanos. Colau, desalojada, simboliza la imposibilidad de la iniciativa ciudadana de ser parte del Congreso e integrarse entre las instituciones que sustentan el sistema representativo.

En otro momento político, ni Beatriz Talegón debería ser obligada a abandonar una manifestación ni Aida Colau debería ser expulsada del Congreso. Pero no es éste el momento. La desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos no es mayor que la de los políticos hacia los ciudadanos. Los dos grandes partidos siguen empeñados en que son los ciudadanos quienes no entienden sus decisiones y no se les pasa por la cabeza que son ellos quienes no entienden a los ciudadanos. Por eso, es necesario que nuevas voces aparezcan ante la opinión pública. En medio de un agotador intercambio parlamentario a ritmo del «Y tú, más», es de agradecer que surja lo imprevisto y alguien hable de ‘criminal’ o de ‘revolución’, mientras que otra persona desde la Mesa del Congreso se pregunte de nuevo: «Sí se puede, ¿qué?»

Elecciones en Ecuador

Rafael Correa ha ganado las elecciones ecuatorianas con una mayoría abrumadora que confirma la estabilidad de su proyecto de revolución ciudadana y el apoyo prolongado de los votantes al presidente (cosa bastante meritoria si miramos a la historia electoral reciente de Ecuador). Aunque estos hechos merecen ser considerados con mayor atención, quiero centrarme a continuación en el propio sistema y proceso electorales, y no tanto en el resultado. En concreto, hay cuatro aspectos notables que dan cuentan cuenta de cómo el proceso democrático está fermentando y pueden servir incluso de inspiración para otros países (y no estoy pensando sólo en países latinoamericanos). Los cuatro aspectos son: la cultura política y cívica; la educación cívica y democrática; la soberanía extendida; y la interdependencia global democrática.

Por cultura política y cívica, me refiero al hecho de que votar es obligatorio en Ecuador. No es algo nuevo. La obligatoriedad siempre puede cuestionarse, especialmente si los políticos siguen sin reponder a las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, en sintonía con los principios republicanistas, la obligatoriedad debería conducir no sólo al voto, sino a obtener ciudadanos más informados y a promover la movilización. Puede ser una medida contra la desafección hacia la política, ya que las elecciones incumben a todos los ciudadanos sin excepción. Además, cada vez son más notables los esfuerzos para asegurar las condiciones materiales para que los ciudadanos puedan votar, superando obstáculos geográficos y favoreciendo la participación de personas con discapacidad. Con todo, la obligatoriedad no asegura per se una democracia sólida. Pero sería erróneo desdeñarla como si fuera una mera imposición, porque, en realidad, podría beneficiar a los ciudadanos y a los políticos en una definición conjunta de lo que se entiende por el bien común.

La educación cívica y democrática queda reflejada en la posibilidad de votar (en este caso de forma voluntaria) para los jóvenes entre 16 y 18. No cabe duda de que los jóvenes de 16 años ya toman muchas decisiones que afectan tanto a su vida privada como a las relaciones con su entorno social. La inclusión de jóvenes electores sólo puede entenderse como una forma de ampliar la cultura democrática y ofrecer a los jóvenes una alternativa para aprender los valores políticos y democráticos mediante su participación en ellos. No sólo se puede conseguir una participación más temprana en política, sino también una mayor presión para que la agenda de los jóvenes forme parte de la agenda pública. El hecho de que el voto en esta franja de edad sea voluntario y no obligatorio es, sin duda, un acierto.

De carácter voluntario es también el voto de los emigrantes ecuatorianos. Ellos eligen a sesis diputados de la Asamblea Nacional, que represnetan los intereses de los ecuatorianos en el exterior: dos por Europa, Asia y Oceanía, dos por Canadá y Estados Unidos, y otros dos por América Latina, el Caribe y África. Esta organización del sistema electoral muestra que la soberanía ecuatoriana no queda restringida a los límites del Estado-nación. La inclusión de representantes para los emigrantes denota el reocnocimiento de que forman parte de la nación, aunque más allá de los límites nacionales, así como la deuda del país con la emigración y las personas que deben abandonar el país. No se trata de que sus votos se diluyan entre los votos procedentes de los distritos ecuatorianos como una suerte de añadido o complemento al voto producido desde Ecuador. Es una representación diferenciada.

Por último, la presencia de UNASUR como organización observadora de los comiciones generales de Ecuador supone un avance importante. La jefa de Observación de UNASUR, María Emma Mejía, ha subrayado que el papel de la comisión es principalmente técnico e informativo y, en ningún momento, está destinada a intervenir en la política nacional ecuatoriana. La misión electoral de UNASUR se suma a la de otras organizaciones internacionales para garantizar la transparencia. Lo novedoso es que una organización que aspira a la ciudadanía integrada en América Latina asuma la función de aegurar la normalidad democrática y proteger los intereses de los ciudadanos. La construcción democrática es, pues, conjunta, y afecta a todos los países (y a la cooperación entre ellos) sin que ello suponga un cuestionamiento de su soberanía nacional.

Creo que es justo hablar de los resultados electorales en Ecuador, pero, insisto, el sistema y el proceso electorales presentan por sí motivos de interés y reflexión.

Grandes pensadores

Una cosa bastante curiosa está pasando entre los periodistas y tertulianos habituales en la televisión que se mueven entre la crítica ligera (intentando reflejar el malestar general extendido entre los ciudadanos) y las piruetas retóricas destinadas a legitimar (e incluso fortalecer) el sistema político y económico. Pensamos en cómo los casos de corrupción del PP han sido respondidos por un ejercicio de transparencia en sus cuentas por parte del presidente Rajoy. Así pues, de la financiación irregular y de los sobres se pasa a la transparencia mediante la publicación de las publicaciones de la renta y de ahí a... los salarios de los políticos. El motivo es que algunos tertulianos y periodistas insisten al unísono en que los políticos no cobran demasiado. Sorprendente cómo llegamos de la corrupción del caso Bárcenas a pedir más sueldo para el presidente.

Para entender esta lógica, leamos, por ejemplo, las declaraciones de Nacho Cardero(elconfidencial.com) en la Noche de Ana Ibáñez: "Generalmente la gente dice yo gano más que tú, tú ganas... Pero a ver quién gana menos. Tanto el presidente del gobierno como el señor Rubalcaba, como los ministros ganan poco dinero. Esta es una de las razones por las que gente con talento de la empresa privada no llega al gobierno, no se mete a político porque realmente los políticos ganan poco. Deberían ganar mucho más. Y no hagamos demagogia. Esto debería saberlo la sociedad. Igualmente, cuando tú ganas poco dinero en la política, buscas artificios para lucrarte más y esto en algunos casos también lleva a la corrupción. Es así. Los grandes pensadores decían lo mismo."

En fin. En el mundo de Cardero la gente presume de cuánto cobra y de que cobran más que los demás; la gente con talento es gente que viene de la empresa privada (y que supuestamente se queda ahí ya que la política no les motiva económicamente); la demagogia es estar en desacuerdo con él; la sociedad no sabe todavía lo que él sabe (y habría que decírselo); la corrupción se origina en los escasos salarios recibidos por los políticos que, por lo visto, quieren cobrar como la gente con talento (los de la empresa privada); y no menos sorprendente es que grandes pensadores decían lo mismo que él (lo raro es que no haya dicho que los grandes pensadores decimos lo mismo).

Solución para la corrupción: mejor salario. Solución para la política: más gente con talento de la empresa privada. Y que se olviden de la política los desempleados, los empleados públicos o, peor aun, cualquier persona con vocación de servicio público cuyo único fin sea cobrar más de lo que cobraría en una empresa cazatalentos.

Políticos y ciudadanos

Mientras que el caso Bárcenas confirma el carácter generalizado de la corrupción y abre otra puerta más a la desafección de los ciudadanos hacia la política, conviene recordar que el 15M supo colocar en la agenda pública un tema fundamental: la relación (o falta de la misma) entre políticos y ciudadanos. «No nos representan» puede interpretarse de muchas maneras, pero es, ante todo, un modo de subrayar que los intereses de los políticos no deben desplazar a los de los ciudadanos. Esta semana, Ana Botella y Soraya Sáenz de Santamaria nos han ofrecido su propia visión de los lazos entre políticos y ciudadanos.

Empecemos con la alcaldesa de Madrid. Botella parte de la continuidad existente entre políticos y ciudadanos: «Los políticos somos reflejo de la sociedad, no somos alguien que surja por generación espontánea». La sociedad tendría, pues, los políticos que se merece y para mejorar la clase política, habría que mejorar primero la sociedad. Botella, más radical que Aguirre a la hora de exigir a los políticos una profesión antes de acceder a un cargo público, señaló el problema de origen: la juventud. No sólo debe exigirse una profesión a los políticos, sino que la juventud con potencial político debería tener una formación académica.

Botella, al proponer la supresión de Nuevas Generaciones, mostró abiertamente su falta de aprecio por la labor política realizada por los jóvenes: «Cuando los veo, les pregunto, qué haces aquí, en lugar de estar trabajando o estudiando». Buena pregunta con respuesta incorporada: perdiendo el tiempo o preparando una carrera política para (en el mejor de los casos) llegar a la Alcaldía de Madrid cono número dos de la lista (cerrada) electoral de su partido. Botella, radicalizando ahora el 15M, está de acuerdo en que los ‘políticos de profesión’ no nos representan y que las vías institucionales de participación política son ineficaces. En su caso, porque éstas entran en contradicción con la necesidad de los jóvenes de seguir estudiando para ser alguien en la vida.

Las agrupaciones juveniles de los partidos deberían ser esenciales en cualquier sistema democrático: favorecen la participación temprana en la política, son instrumentos de movilización y, al no ser todavía parte de la maquinaria del poder, podrían jugar un papel crítico con los mayores del partido por medio del debate de ideas y la renovación del lenguaje político. Con toda probabilidad, las nuevas generaciones no cumplen esta función. Sin embargo, como bien indicó Javier Ruiz en la noche de Ana Ibáñez, esta función sí que la desempeña el 15M, al menos a la izquierda. La juventud de derechas se quedaría sin organizar política pero, gracias a Botella, estudiarían mucho más.

Por su parte, Sáenz de Santamaría usó un enfoque diferente para estrechar los vínculos entre políticos y ciudadanos durante la presentación del convenio para la creación del fondo social de vivienda. Santamaría se esforzó en combinar la ‘excelencia profesional’ con el lado sentimental. A diferencia de Botella, y su opinión de que la sociedad se refleja en la clase política, Santamaría piensa que la clase política debe reflejar la sociedad. El Gobierno tiene que tener la mitad de coraje, en sus propias palabras, que quienes se van a acoger al convenio y tienen un niño de 3 años. E, incluso, podríamos apurar más la formulación y decir que para Santamaría el Gobierno reflejaría a los más vulnerables de la sociedad e incluso convertirse en uno de ellos: «Esto nos puede pasar a cualquiera. Quiero saber, mes a mes, si esas llaves son las de la puerta de la esperanza». Aún así, todos sabemos que esto no le pasa a cualquiera.

Con un tono más sobreactuado pero con menos lágrimas, Santamaría repitió la actuación de la ministra de Trabajo del Gobierno tecnócrata italiano, Elsa Fornero, cuando anunció el plan de austeridad. Se trata así de darle emoción a la política y de convencer a los ciudadanos, con una actitud bastante paternalista, de que los políticos sufren por y con ellos. Desgraciadamente, la identificación ciudadana no se crea, sin más, mediante las palabras de empatía en boca de una política, sino que surge de los propios ciudadanos, quienes deben reconocerse, como padres de niños de 3 años, en la vicepresidenta. Ni la emoción surge porque Santamaría diga que se ha puesto sentimental. El 15M sí mostró un modo alternativo de conjugar emoción y política, entre otras cosas porque muchos se reconocieron como padres de niños de 3 años en situación precaria o porque muchos jóvenes pensaron que era mejor estudiar y participar en las asambleas en lugar de ser miembro de las nuevas generaciones.

Ni Botella (sin intentarlo) ni Santamaría (intentándolo) han entendido la relación entre políticos y ciudadanos ni han aprendido nada del 15M. Por ejemplo: ser político no debe convertirse en un modo de vida (de acuerdo con Botella) y, aun más importante, hacer política no debería corresponderle sólo a los políticos; pensar en que los políticos trabajen antes de prestar un servicio público temporal es menos fructífero que mirar los puestos de dirección que ocupan tras abandonarlos cargos de responsabilidad; las llaves de la puerta de la esperanza deben cogerse tras preguntar antes qué y quién nos espera detrás de la puerta.

Con todo, lo más significativo es que en ambas comparecencias las afirmaciones de Botella y Santamaría fueron acogidas con risas por parte de los asistentes. Sin duda, la mejor explicación para comprender la relación actual entre políticos y ciudadanos.