Por cultura política y cívica, me refiero al hecho de que votar es obligatorio en Ecuador. No es algo nuevo. La obligatoriedad siempre puede cuestionarse, especialmente si los políticos siguen sin reponder a las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, en sintonía con los principios republicanistas, la obligatoriedad debería conducir no sólo al voto, sino a obtener ciudadanos más informados y a promover la movilización. Puede ser una medida contra la desafección hacia la política, ya que las elecciones incumben a todos los ciudadanos sin excepción. Además, cada vez son más notables los esfuerzos para asegurar las condiciones materiales para que los ciudadanos puedan votar, superando obstáculos geográficos y favoreciendo la participación de personas con discapacidad. Con todo, la obligatoriedad no asegura per se una democracia sólida. Pero sería erróneo desdeñarla como si fuera una mera imposición, porque, en realidad, podría beneficiar a los ciudadanos y a los políticos en una definición conjunta de lo que se entiende por el bien común.
La educación cívica y democrática queda reflejada en la posibilidad de votar (en este caso de forma voluntaria) para los jóvenes entre 16 y 18. No cabe duda de que los jóvenes de 16 años ya toman muchas decisiones que afectan tanto a su vida privada como a las relaciones con su entorno social. La inclusión de jóvenes electores sólo puede entenderse como una forma de ampliar la cultura democrática y ofrecer a los jóvenes una alternativa para aprender los valores políticos y democráticos mediante su participación en ellos. No sólo se puede conseguir una participación más temprana en política, sino también una mayor presión para que la agenda de los jóvenes forme parte de la agenda pública. El hecho de que el voto en esta franja de edad sea voluntario y no obligatorio es, sin duda, un acierto.
De carácter voluntario es también el voto de los emigrantes ecuatorianos. Ellos eligen a sesis diputados de la Asamblea Nacional, que represnetan los intereses de los ecuatorianos en el exterior: dos por Europa, Asia y Oceanía, dos por Canadá y Estados Unidos, y otros dos por América Latina, el Caribe y África. Esta organización del sistema electoral muestra que la soberanía ecuatoriana no queda restringida a los límites del Estado-nación. La inclusión de representantes para los emigrantes denota el reocnocimiento de que forman parte de la nación, aunque más allá de los límites nacionales, así como la deuda del país con la emigración y las personas que deben abandonar el país. No se trata de que sus votos se diluyan entre los votos procedentes de los distritos ecuatorianos como una suerte de añadido o complemento al voto producido desde Ecuador. Es una representación diferenciada.
Por último, la presencia de UNASUR como organización observadora de los comiciones generales de Ecuador supone un avance importante. La jefa de Observación de UNASUR, María Emma Mejía, ha subrayado que el papel de la comisión es principalmente técnico e informativo y, en ningún momento, está destinada a intervenir en la política nacional ecuatoriana. La misión electoral de UNASUR se suma a la de otras organizaciones internacionales para garantizar la transparencia. Lo novedoso es que una organización que aspira a la ciudadanía integrada en América Latina asuma la función de aegurar la normalidad democrática y proteger los intereses de los ciudadanos. La construcción democrática es, pues, conjunta, y afecta a todos los países (y a la cooperación entre ellos) sin que ello suponga un cuestionamiento de su soberanía nacional.
Creo que es justo hablar de los resultados electorales en Ecuador, pero, insisto, el sistema y el proceso electorales presentan por sí motivos de interés y reflexión.
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