Precariado

Artículo aparecido en el Anuario 2012 del diario La Rioja

En su canción ‘Parva que sou’ (‘Pero qué estúpida soy’) el grupo portugués Deolinda reflexiona sobre el problema de la actual generación sin remuneración: “Me da por pensar, qué mundo tan estúpido, en el que para ser esclavo es necesario estudiar”. Pocas palabras reflejan mejor la contradictoria situación que estamos viviendo. La generación mejor formada va a ser la generación más explotada. Hablar de ‘generación perdida’ explica tan sólo una parte: los jóvenes cualificados no van a encontrar un trabajo que satisfaga sus expectativas. Pero olvida otra más importante: los jóvenes van a compartir condiciones socioeconómicas de ‘esclavitud’ similares a las de tantos otros grupos sociales. Todos ellos conforman el precariado.

El término ‘precariado’ está compuesto por la combinación de ‘precariedad’ y ‘proletariado’. La existencia de nuevas condiciones de explotación socioeconómica (la precariedad) conlleva la aparición de un nuevo sujeto (el precariado), que, a diferencia del proletariado, no se restringe únicamente a la clase obrera. La idea surge hace poco más de una década en el ámbito académico (el concepto es acuñado por Robert Castel y es desarrollado en España por Rafael Díaz-Salazar) y en el del activismo altermundial. Poco a poco, las referencias al precariado en los medios de comunicación aparecen con mayor frecuencia. La Real Academia de la Lengua no se hace todavía eco del término, aunque sí define ‘precarizar’ como “convertir algo, especialmente el empleo, en precario, inseguro o de poca calidad”. El precariado es el sujeto que sufre, por tanto, el  proceso de precarizarción. Un proceso acentuado por los reajustes sociales implementados como respuesta a la crisis.

En España, hemos visto cómo los ciudadanos han reaccionado a la crisis. Si el año 2011 queda marcado por el surgimiento de un movimiento inédito de protesta cívica contra la clase política, 2012 pone ante los ojos de la opinión pública los múltiples rostros que componen el precariado. Mientras que los indignados reflejan una nueva conciencia política dirigida a democratizar el sistema, las protestas sociales a lo largo de 2012 reflejan la existencia de una clase social. A pesar de manifestarse de forma fragmentaria, el precariado comparte un sentimiento de vulnerabilidad originado en la falta de seguridad.

El gobierno del PP ha impuesto un nuevo modo de hacer política. Mariano Rajoy lo sintetiza con una frase involuntariamente cómica: “No he cumplido mis promesas electorales pero al menos tengo la sensación de haber cumplido con mi deber”. Para el presidente, el compromiso asumido con los votantes es irrelevante. Lo importante es cumplir con su deber. Pero, ¿qué deber? La aplicación de las reformas de ajuste dictadas por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). El precariado refleja la paradoja abierta por el vacío entre la promesa y el deber. Por un lado, el marco de acción sigue siendo nacional (donde se incumplen las promesas electorales) y, por otro, el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas se produce en el terreno global (donde Rajoy cumple su deber). En otras palabras, el capitalismo actual requiere políticas de ajuste que obedecen a los intereses del mercado global y no de los ciudadanos. 

De ahí que los ciudadanos reaccionaran en 2011 al constatar que el ‘deber’ de los políticos no tenía nada que ver con ellos. El ‘deber’ se ha ido traduciendo en una progresiva precarización de los ciudadanos. Ya no se trata sólo de los trabajadores con salarios bajos, los parados (cuyo número no para de crecer), las jóvenes, cualificados o no, los inmigrantes indocumentados, sino también de la llamada clase media. Efectivamente, el endeudamiento y los recortes y privatizaciones en el sector público han desvelado la inestabilidad sobre la que se asentaba la clase media española. Es muy fácil hablar del tópico “vivir por encima de nuestras posibilidades” cuando, en realidad, lo que está pasando es que las posibilidades de vida de los ciudadanos se están mermando.

El precario no está totalmente excluido del sistema, ya que su inclusión dentro del mismo asegura su extrema vulnerabilidad. La reforma laboral ha contribuido a ello. Las condiciones para quienes buscan acceder y mantenerse en el mercado laboral han empeorado. La precariedad es el precio que hay que pagar para formar parte del sistema y tener un trabajo. Propuestas como los minijobs son una buena prueba: mejor un trabajo mínimo que ningún trabajo. Lejos van a quedar los derechos laborales cuando el trabajo se convierta en una necesidad para sobrevivir.  Los parados sufrirán los problemas derivados del desempleo, mientras que los trabajadores experimentarán el temor a perder sus empleos y accederán a peores condiciones.

Los ciudadanos han respondido y han ocupado las calles e incluso han rodeado el Parlamento. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con un enorme respaldo público, se ha convertido en el movimiento más significativo. La PAH ha denunciado la lógica capitalista basada en el endeudamiento de los ciudadanos y sus dramáticas consecuencias, que en última instancia han llevado al suicidio. Y hay más ejemplos: la defensa por la educación pública, el pulso mantenido por los profesionales sanitarios contra los recortes, el rechazo de los funcionarios a la pérdida de derechos (lo que ahora se llama privilegios). Todos ellos se han manifestado, incluso de manera conjunta mediante mareas de colores para visualizar la pluralidad de luchas y grupos opuestos a la interiorización de las políticas de recortes como única salida a la crisis.

El precariado, según el economista Guy Standing, puede devenir una clase peligrosa, dado que su malestar y enfado puede ser aprovechado por populistas y demagogos. Los políticos dan una vuelta de tuerca a este peligro: la manifestación de sentimientos anti-políticos puede fácilmente llevar al fascismo. Los políticos no entienden que el malestar surge de la precariedad y ésta, curiosamente, se genera por las actuales políticas económicas y sociales. Lo preocupante es que los políticos sean anti-ciudadanos, porque ello podría llevar a un gobierno tecnocrático no democrático. No se trata de evitar que el precariado se convierta en una clase peligrosa, sino de evitar que se convierta en una clase. Paradójicamente, las políticas económicas promueven tanto la precarización como sus riesgos.

Precariedad y emigración juvenil

Con la campaña “No nos vamos, nos echan”, Juventud Sin Futuro tiene el objetivo de mostrar que la precariedad que está afectando a todos los españoles obliga a muchos jóvenes a abandonar el país en busca de mejores oportunidades laborales. De ahí que el colectivo hable de exilio para enfatizar que se trata de una migración forzada que no responde únicamente a motivaciones personales.
 

El gran valor de la campaña consiste, precisamente, en contradecir la idea de que emigrar es una decisión exclusivamente individual y que la buena fortuna en el extranjero depende de los propios méritos del emigrante. La falta de voluntariedad se explica por las políticas de austeridad y la extendida precariedad laboral que crean unas condiciones estructurales que dificultan a los jóvenes encontrar un trabajo digno (por no hablar de trabajo estable, o menos aun, fijo). Esto hace que los jóvenes se planteen abandonar el país como una necesidad laboral y no como una decisión individual debida a su propio deseo de emigrar. Por otro lado, la precariedad no termina en el terreno nacional, sino que se experimenta en el extranjero también. Esto se opone al imaginario del emigrante-turista, potenciado por ‘Españoles en el mundo’, donde historias de éxito personal son acompañadas por postales turísticas de los países de acogida. La campaña de “No nos vamos” muestra otras biografías que reflejan mejor las condiciones reales que tienen que afrontar los emigrantes, sobre todo si tenemos en cuenta que los primeros meses o años suelen ser duros. 

  

Creo, además, que la idea de la campaña supone un cuestionamiento del modo en que se ha tratado de entender la inmigración en el marco europeo. La Unión Europea, con una estrategia de Lisboa renovada basada en el crecimiento, la productividad y el empleo, intentó promover un tipo de inmigración laboral a la demanda. Para aumentar la competitividad económica (y responder al desafío de la evolución demográfica), la UE debía ser atractiva para inmigrantes altamente cualificados que contribuirían al crecimiento económico y a la productividad nacional.  

Después de la crisis económica, la ilusión de que la inmigración podría controlarse para incrementar el crecimiento y la productividad nacionales ha quedado claramente desmentida. España, como país reciente de inmigración, ha visto cómo el número de inmigrantes se ha reducido (además de aumentar el desempleo entre ellos). Las altas tasas de desempleo han vuelto a hacer que la emigración sea la única alternativa para algunos sectores de la población. Los jóvenes no abandonan España (salvo en algunos casos) para ir a otros países donde se requiere mano de obra acorde a sus cualificaciones, sino que se adaptan a los trabajos que encuentran en los países de destino. La idea de que la inmigración se puede regular y controlar según las demandas de los mercados laborales nacionales (con su enfoque en los sectores altamente cualificados) fracasa estrepitosamente al encontrarse con mercados laborales cuya oferta de trabajo (especialmente juvenil) es casi inexistente y precaria.

Porque la palabra clave para esta juventud sin futuro es la precariedad. La noción de ‘generación perdida’ es un tanto ambivalente porque conlleva cierta pasividad: las posibilidades de los jóvenes son desaprovechadas (perdidas) y la generación en sí parece incapaz de encontrar su rumbo (como si fuera incapaz de revertir o cambiar dicha situación). Es cierto que se está desaprovechando laboralmente a una generación altamente cualificada pero esto es así debido a las condiciones de precariedad socioeconómica que obligan a los jóvenes a aceptar cualquier tipo de trabajo o a emigrar. Esta generación precaria no está sola, sino que esta acompañada de muchos otros sectores de la población que viven en la precariedad (también los jóvenes inmigrantes en España que son uno de los sectores más afectados por la crisis).

Es importante que los jóvenes, los que no se van y a los que les echan, muestren que la emigración no es una opción meramente individual ni la precariedad es el resultado de una carrera personal mal orientada. Los movimientos sociales emergidos tras la crisis nos están enseñando a politizar problemas que habían sido despolitizados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha combatido el sentimiento individualizado de culpa de quienes no pueden pagar sus deudas y ahora Juventud Sin Futuro rechaza que la emigración responda a motivos individuales. La gran virtud de estos movimientos consiste, en definitiva, en identificar y combatir las causas que provocan los desahucios o la emigración forzosa. Y las causas no son otras que políticas, económicas y sociales. En ningún caso, individuales. Por eso, la única manera de cambiarlas pasa por organizarse social y políticamente y no por emprender un viaje a Noruega tras ver cómo se defienden otros españoles por el mundo.

Escraches y legitimidad

Artículo aparecido en el diario La Rioja el 31 de marzo de 2013

Hay puertas que se pueden abrir. Un agente de policía de Ceuta narraba la dureza de los desalojos, sobre todo cuando hay niños de por medio, que recogen sus juguetes y preguntan a sus padres por qué tienen que abandonar su habitación. Con todo, el agente consideraba que tenía que cumplir con su obligación y que, de no hacerlo, cometería un delito. El Estado posee el poder de coacción para imponer su criterio (obligando a alguien a hacer algo que no quiere) o de coerción (usando la fuerza en el caso de que no se acepte). Policías, bomberos o cerrajeros pueden ejecutar la orden de desahucio. Esto implica una desigualdad esencial: cualquier movimiento contrario a la legislación existente se enfrenta con la asunción de que existen usos legítimos e ilegítimos de la violencia.

También hay puertas que no se abren. Los diputados del PP han sido increpados y perseguidos por las calles. Lo llaman escrache, el método de protesta aplicado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como medida de presión para que los políticos del PP apoyen las demandas de la ILP. Es difícil decir que los manifestantes emplean la coacción (dudo que la presión en las calles vaya a obligar a los diputados a votar en un sentido u otro) y lejos está de su intención usar la violencia para que se ejerza su voluntad.
No sorprende, sin embargo, que las acciones emprendidas por los movimientos sociales pronto sean tildadas de ilegítimas, violentas, antidemocráticas, etc. Las formas de protesta suelen ser puestas bajo sospecha: las huelgas, porque los piquetes informativos privan a quienes quieren trabajar de su libertad de elección; o la ocupación de las plazas porque perjudica al comercio y supone un riesgo para la higiene publica. Cualquier desafío al cumplimiento de las normas que rigen el comportamiento cotidiano pronto es percibido como criminal por el orden existente. El elemento de protesta (o rebelión) que provoca la desobediencia (muchas veces temporal o simbólica) de las normas se pierde en el momento en que es presentado como un delito.

El escrache es un modo organizado de protesta ciudadana para denunciar la responsabilidad de los políticos. Se puede afirmar que contiene elementos fácilmente censurables (los hijos de González Pons o los insultos de ‘asesino’) pero no que es en sí una acción ‘violenta’. Es un acto público que transmite a los políticos la incomodidad que probablemente no tendrán si aprietan el botón rojo para rechazar la ILP. No es un acto espontáneo sino perfectamente organizado. El malestar de los ciudadanos es, de hecho, canalizado políticamente.

La legitimidad del escrache reside en las personas que lo practican: aquellos que, parafraseando a John Locke, recurren al derecho a la resistencia cuando el gobierno no cumple los fines que se le han encomendado. El escrache, además, remite a otras luchas sociales como fue el señalamiento público de responsables directos de la dictadura argentina que paseaban impunes entre el resto de ciudadanos. Es un mecanismo de reclamar justicia cuando ésta se muestra arbitraria e injusta. El paralelismo con la PAH es claro: se trata de que los políticos asuman su responsabilidad sobre las condiciones de vida de los gobernados. Si hay excesos en su aplicación, no deberían suponer un rechazo al modo de protesta ni mucho menos a todo el movimiento.

Y, sin embargo, el PP, que niega cualquier similitud con lo que sucedía en Argentina, se esfuerza en comparar los escraches con la kaleborroka y algunos comentaristas insinúan que les recuerda al acoso de los nazis a los judíos. Los mismos a los que les molesta que les griten ‘asesinos’ se dedican a tachar a los miembros de la PAH de terroristas. Probablemente, el PP piensa que deslegitimar los escraches es el modo mas fácil para deslegitimar a toda la organización y sus demandas. Dejando a los escraches desprovistos de aquello que les da sentido (la asunción por parte de los políticos de su responsabilidad), ya sólo queda hablar de violencia, coacción o acoso.

Cuando los populares consideran los escraches antidemocráticos y a las demandas de la PAH, por extensión, ilegítimas, cometen el error de menospreciar las causas que generan la protesta. Como señala el economista Christian Marazzi, todas las explicaciones económicas sobre la crisis (y vemos a muchos expertos hablando de prima de riesgo, inversiones, necesidad de ajustes, déficit) pasan por alto que la crisis (y las medidas destinadas a superarla) contribuye a la composición de clases sociales. Actualmente asistimos a la emergencia de una clase social: una generación precaria, endeuda, desahuciada.

Los políticos pueden seguir mirando a otro lado, aunque los escraches se lo pongan difícil. Ganar las elecciones no da derecho a no escuchar a los ciudadanos, sobre todo cuando son ellos quienes están padeciendo las consecuencias de las medidas de recuperación económica. Si la PAH ha demostrado ser capaz de ganarse el apoyo de los ciudadanos, ahora está denunciando que el Gobierno no gobierna para sus ciudadanos. El escrache refleja esa desigualdad de medios (las puertas que se derrumban y las que no), así como la existencia de dos tipos de legitimidad (la del derecho del Estado a desahuciar y la del ciudadano a no vivir hipotecado). Sabemos que hay una nueva clase precaria, pero no por las leyes que se están aprobando en el Parlamento, sino porque, con ILP y escraches, está protestando en la calle.