Hay puertas que se pueden abrir. Un agente de policía de Ceuta narraba la dureza de los desalojos, sobre todo cuando hay niños de por medio, que recogen sus juguetes y preguntan a sus padres por qué tienen que abandonar su habitación. Con todo, el agente consideraba que tenía que cumplir con su obligación y que, de no hacerlo, cometería un delito. El Estado posee el poder de coacción para imponer su criterio (obligando a alguien a hacer algo que no quiere) o de coerción (usando la fuerza en el caso de que no se acepte). Policías, bomberos o cerrajeros pueden ejecutar la orden de desahucio. Esto implica una desigualdad esencial: cualquier movimiento contrario a la legislación existente se enfrenta con la asunción de que existen usos legítimos e ilegítimos de la violencia.
También hay puertas que no se abren. Los diputados del PP han sido increpados y perseguidos por las calles. Lo llaman escrache, el método de protesta aplicado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como medida de presión para que los políticos del PP apoyen las demandas de la ILP. Es difícil decir que los manifestantes emplean la coacción (dudo que la presión en las calles vaya a obligar a los diputados a votar en un sentido u otro) y lejos está de su intención usar la violencia para que se ejerza su voluntad.
No sorprende, sin embargo, que las acciones emprendidas por los movimientos sociales pronto sean tildadas de ilegítimas, violentas, antidemocráticas, etc. Las formas de protesta suelen ser puestas bajo sospecha: las huelgas, porque los piquetes informativos privan a quienes quieren trabajar de su libertad de elección; o la ocupación de las plazas porque perjudica al comercio y supone un riesgo para la higiene publica. Cualquier desafío al cumplimiento de las normas que rigen el comportamiento cotidiano pronto es percibido como criminal por el orden existente. El elemento de protesta (o rebelión) que provoca la desobediencia (muchas veces temporal o simbólica) de las normas se pierde en el momento en que es presentado como un delito.
El escrache es un modo organizado de protesta ciudadana para denunciar la responsabilidad de los políticos. Se puede afirmar que contiene elementos fácilmente censurables (los hijos de González Pons o los insultos de ‘asesino’) pero no que es en sí una acción ‘violenta’. Es un acto público que transmite a los políticos la incomodidad que probablemente no tendrán si aprietan el botón rojo para rechazar la ILP. No es un acto espontáneo sino perfectamente organizado. El malestar de los ciudadanos es, de hecho, canalizado políticamente.
La legitimidad del escrache reside en las personas que lo practican: aquellos que, parafraseando a John Locke, recurren al derecho a la resistencia cuando el gobierno no cumple los fines que se le han encomendado. El escrache, además, remite a otras luchas sociales como fue el señalamiento público de responsables directos de la dictadura argentina que paseaban impunes entre el resto de ciudadanos. Es un mecanismo de reclamar justicia cuando ésta se muestra arbitraria e injusta. El paralelismo con la PAH es claro: se trata de que los políticos asuman su responsabilidad sobre las condiciones de vida de los gobernados. Si hay excesos en su aplicación, no deberían suponer un rechazo al modo de protesta ni mucho menos a todo el movimiento.
Y, sin embargo, el PP, que niega cualquier similitud con lo que sucedía en Argentina, se esfuerza en comparar los escraches con la kaleborroka y algunos comentaristas insinúan que les recuerda al acoso de los nazis a los judíos. Los mismos a los que les molesta que les griten ‘asesinos’ se dedican a tachar a los miembros de la PAH de terroristas. Probablemente, el PP piensa que deslegitimar los escraches es el modo mas fácil para deslegitimar a toda la organización y sus demandas. Dejando a los escraches desprovistos de aquello que les da sentido (la asunción por parte de los políticos de su responsabilidad), ya sólo queda hablar de violencia, coacción o acoso.
Cuando los populares consideran los escraches antidemocráticos y a las demandas de la PAH, por extensión, ilegítimas, cometen el error de menospreciar las causas que generan la protesta. Como señala el economista Christian Marazzi, todas las explicaciones económicas sobre la crisis (y vemos a muchos expertos hablando de prima de riesgo, inversiones, necesidad de ajustes, déficit) pasan por alto que la crisis (y las medidas destinadas a superarla) contribuye a la composición de clases sociales. Actualmente asistimos a la emergencia de una clase social: una generación precaria, endeuda, desahuciada.
Los políticos pueden seguir mirando a otro lado, aunque los escraches se lo pongan difícil. Ganar las elecciones no da derecho a no escuchar a los ciudadanos, sobre todo cuando son ellos quienes están padeciendo las consecuencias de las medidas de recuperación económica. Si la PAH ha demostrado ser capaz de ganarse el apoyo de los ciudadanos, ahora está denunciando que el Gobierno no gobierna para sus ciudadanos. El escrache refleja esa desigualdad de medios (las puertas que se derrumban y las que no), así como la existencia de dos tipos de legitimidad (la del derecho del Estado a desahuciar y la del ciudadano a no vivir hipotecado). Sabemos que hay una nueva clase precaria, pero no por las leyes que se están aprobando en el Parlamento, sino porque, con ILP y escraches, está protestando en la calle.
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