La semana pasada asistimos a un episodio revelador de la política española. El jueves se dio a conocer la alarmante cifra de desempleo de 6,2 millones de parados. Al día siguiente, la comparecencia del Gobierno para anunciar nuevas (y temidas) medidas de ajuste. Se ha calificado la exhibición protagonizada por Sáez de Santamaría, De Guindos y Montoro, de más resignada, realista o pesimista. Incluso se ha llegado a decir que el Gobierno había dicho la verdad, revestida de impotencia, al reconocer que no puede hacer nada por combatir el desempleo. Mi impresión es un poco diferente. Es cierto que el Gobierno ha reconocido su incapacidad para gobernar la realidad (la más importante: el empleo y el paro), pero, para sobrevivir a ello, ha iniciado la estrategia de crear otra realidad: una realidad que sea gobernable.
En su encuentro anual con el Instituto de Empresa Familiar, Mariano Rajoy explica este proceso de disociación entre lo ingobernable y lo gobernable. ¿El empleo y el paro? Ingobernable. «Ya hemos visto que todavía no es positivo, en realidad es negativo, el balance en términos de empleo y paro», dijo Rajoy. ¿Y lo gobernable? ¿Lo positivo? Rajoy nos lo aclara: «¿Y los nuevos cimientos en los que debe basarse el nuevo escenario económico, están ya sólidamente fijados? Los peldaños que nos permitirán alcanzar la recuperación, ¿están ya instalados? El balance de este ultimo año sí ha sido positivo». En otras palabras, para crecer y crear empleo, es necesario establecer las bases para una nueva economía a base de recortes y austeridad. El Gobierno se ha inventado una extraña fórmula para combinar el entristecimiento por las cifras del paro con la euforia por sus macroresultados.
El PP, antaño sólo preocupado por los problemas reales de la gente, se ha desentendido de esos problemas (si nada se puede hacer) y ha optado por un lenguaje abstracto y técnico que dibuja realidades macroeconómicas con supuestas soluciones. En este terreno, las previsiones ‘conservadoras’ varían de malas (según el Gobierno) a muy malas (según la Comisión Europea), se ofrecen distintos años para el crecimiento y la creación de empleo (2014, 2015), se presentan muchos datos positivos (como la contención de la prima de riesgo) pero, en ningún caso, estas acciones se traducen en un cambio tangible en las condiciones laborales y económicas de los ciudadanos (por no hablar de las sociales).
A raíz de la crisis económica se ha recurrido a la división entre
economía real y financiera, pero quizás sea conveniente pensar la
política en similares términos y distinguir entre política real y
especulativa. La política especulativa, por mucho que se revista de
cientificidad y de hechos, no deja de basarse en valores subjetivos. Sus
resultados cambian constantemente y no dependen sólo de los esfuerzos
emprendido por los gobiernos, sino de lo que esté pasando en su entorno.
«Hablen bien de España», decía Rajoy a los empresarios, consciente de
la debilidad de la política especulativa. Cualquier rumor negativo puede
ser altamente perjudicial. Por eso, Rajoy no se preocupa por las
manifestaciones de los ciudadanos (como haría en el caso de la política
real), sino por seguir las indicaciones de la troika.
Volviendo a la comparecencia del trío De Guindos-Santamaría-Montoro, encontramos un claro ejemplo de política especulativa en la que el Gobierno se siente cómodo delimitando qué es lo que se puede gobernar. La introducción del término ‘desindexación’ refleja el gusto por el lenguaje técnico incomprensible con el que el Gobierno transmite su realidad macroeconómica a los ciudadanos. El objetivo de la desindexación es dejar de vincular las pensiones a un índice, el IPC. Con anterioridad, si la inflación subía más que las pensiones, se compensaba a los pensionistas. Con la desindexación, el Gobierno ya no tiene esa obligación y los pensionistas pierden su derecho. Se trata de un buen ejemplo de cómo un tecnicismo sirve al Gobierno para desentenderse de sus obligaciones hacia los ciudadanos y se entrega a una lógica económica superior.
Uno de los grandes problemas de la crisis económica es que la crisis se explica cada vez más en términos económicos (en manos de expertos) y no políticos. El Gobierno del PP ha aceptado esta premisa y aspira a crear narrativas macroeconómicas (que pueden contribuir o no a la recuperación económica) y asume su impotencia para encontrar soluciones políticas. A los ciudadanos se les pide igualmente que acepten que sus problemas desaparecerán si y sólo si se ajusta el cuadro macroeconómico. Se espera que, al igual que el Gobierno no puede hacer nada, los ciudadanos terminen por no hacer nada (al fin y al cabo, nada va a cambiar).
Los ciudadanos quedan desindexados tras perder cualquier vínculo con una iniciativa política que garantice sus derechos. El Gobierno ya no siente que deba fomentar la creación de empleo ni asegurar mejores servicios públicos. Como dice Franco Berardi, el sistema ha dejado de responder a las demandas sociales y se dedica a fortalecer un orden económico que incrementa la fractura social. Las manifestaciones sociales pretenden reintroducir los problemas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos en la agenda política (puramente especulativa). Por mucho que las protestas sociales sean contestadas con descalificaciones gruesas e intentos de criminalización, nada de esto consigue ocultar la cuestión de fondo: la denuncia de la incapacidad del Gobierno para gobernar.
Volviendo a la comparecencia del trío De Guindos-Santamaría-Montoro, encontramos un claro ejemplo de política especulativa en la que el Gobierno se siente cómodo delimitando qué es lo que se puede gobernar. La introducción del término ‘desindexación’ refleja el gusto por el lenguaje técnico incomprensible con el que el Gobierno transmite su realidad macroeconómica a los ciudadanos. El objetivo de la desindexación es dejar de vincular las pensiones a un índice, el IPC. Con anterioridad, si la inflación subía más que las pensiones, se compensaba a los pensionistas. Con la desindexación, el Gobierno ya no tiene esa obligación y los pensionistas pierden su derecho. Se trata de un buen ejemplo de cómo un tecnicismo sirve al Gobierno para desentenderse de sus obligaciones hacia los ciudadanos y se entrega a una lógica económica superior.
Uno de los grandes problemas de la crisis económica es que la crisis se explica cada vez más en términos económicos (en manos de expertos) y no políticos. El Gobierno del PP ha aceptado esta premisa y aspira a crear narrativas macroeconómicas (que pueden contribuir o no a la recuperación económica) y asume su impotencia para encontrar soluciones políticas. A los ciudadanos se les pide igualmente que acepten que sus problemas desaparecerán si y sólo si se ajusta el cuadro macroeconómico. Se espera que, al igual que el Gobierno no puede hacer nada, los ciudadanos terminen por no hacer nada (al fin y al cabo, nada va a cambiar).
Los ciudadanos quedan desindexados tras perder cualquier vínculo con una iniciativa política que garantice sus derechos. El Gobierno ya no siente que deba fomentar la creación de empleo ni asegurar mejores servicios públicos. Como dice Franco Berardi, el sistema ha dejado de responder a las demandas sociales y se dedica a fortalecer un orden económico que incrementa la fractura social. Las manifestaciones sociales pretenden reintroducir los problemas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos en la agenda política (puramente especulativa). Por mucho que las protestas sociales sean contestadas con descalificaciones gruesas e intentos de criminalización, nada de esto consigue ocultar la cuestión de fondo: la denuncia de la incapacidad del Gobierno para gobernar.
