La paradoja democrática

Artículo aparecido en el diario La Rioja el 28 de julio.

En su comparecencia del 15 de julio junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Mariano Rajoy inicia la nueva estrategia de desvincular a Bárcenas del Partido Popular, vender su encarcelamiento como un triunfo del Estado de Derecho y colocar a todo aquel que mencione su nombre en el grupo de quienes siguen la agenda del señor Bárcenas (incluyendo a los periodistas que ven cómo se reduce el espacio de control crítico de los excesos del Gobierno). Todo esto es preocupante, al igual que el afán gubernamental de apropiarse de la capacidad de decidir qué es democracia y qué no.

Cuando Rajoy anuncia que comparecerá en el Congreso para hablar de «economía y política» (y no de Bárcenas) pretende presentar datos económicos como síntomas de recuperación económica y hacer pensar que la política exitosa consiste en gestionar la economía y no en generar mejores condiciones para los ciudadanos. De hecho, Rajoy sacrifica la política en beneficio de la economía (sin que tampoco pueda presumir demasiado de resultados) y presenta una versión mínima de la democracia que excluye cualquier forma de acción que no sea la proveniente del gobierno. Para el PP, todo lo que no coincida con su línea política o no respeta la voluntad popular (manifestada en las urnas cada 4 años) o contribuye a empeorar la crisis económica y dañar la marca España.

 

En la comparecencia anteriormente mencionada, Rajoy subraya esta idea: «Y el gran valor que tiene en estos momentos nuestro país es la estabilidad política y yo voy a defender la estabilidad política y voy a cumplir el mandato que me han dado los españoles en su momento». La estabilidad política significa, claro está, sacar adelante la voluntad política del PP (y quienes no la apoyan «juegan a otra cosa» y desestabilizan el país) y la democracia se reduce a la misión asumida por Rajoy de cumplir su mandato. Todo lo que queda fuera de este estrecho margen de acción es visto con rechazo y desconfianza.

Sin embargo, no conviene olvidar que la democracia difícilmente puede reducirse a la voluntad electoral y mucho menos a la voluntad de un gobierno. El filósofo Jacques Rancière habla de la paradoja democrática para explicar por qué la democracia siempre tiene un doble sentido: por un lado, la democracia es entendida como un entramado institucional (en el que la soberanía reside en el Parlamento, hay una constitución, partidos políticos que se someten a unas elecciones) y, por otro, la democracia es el poder del pueblo (expresado mediante manifestaciones, la defensa de lo público, la reivindicación de los derechos humanos). A veces, por mucho que el sistema político quiera monopolizar el significado de la democracia, la contestación popular siempre va a reclamar otras formas de democracia, más participativa e inclusiva, que desafíen la versión reducida de la democracia sustentada por el orden político.

Y en ese momento nos encontramos ahora. El PP se aferra a una idea de democracia que, tal y como estamos comprobando, cada vez resulta más empobrecida. Un reciente informe de la Fundación Alternativas sobre la democracia en España concluía que la democracia había dado un salto hacia atrás a causa de la desaparición de expectativas sociales, la corrupción y la pérdida de soberanía experimentada debido a la injerencia de la Unión Europea. Aun así, Rajoy sólo piensa en completar su mandato y ha puesto en marcha la maquinaria de cuestionar el poder ejecutivo, provenga del propio orden político (la moción de censura es un ejercicio de irresponsabilidad y no de control democrático) o de los medios periodísticos (Jesús Cintora tuvo que aguantar ataques personales del portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, y la acusación de que todo lo que publica la prensa son patrañas).

En este sentido, resulta interesante que los movimientos sociales hayan ejercido de oposición al Gobierno más que los partidos políticos, preocupados como en el caso del PSOE por alcanzar un pacto europeo con el PP. La PAH ha sido capaz de mostrar la arbitrariedad de la legislación y la cohabitación de intereses económicos y políticos. A lo cual el PP respondió, como bien es sabido, con acusaciones de fascismo en un intento de imposibilitar otra visión de la democracia que sí que reflejaba las preocupaciones (y la indignación) de los ciudadanos. Cuando quienes rodean el congreso son descalificados por los enfrentamientos con la policía o quienes protestan en Génova son ninguneados porque no eran más de 2.000, se olvida un asunto fundamental: ¿lo que los ciudadanos piden, ya sea una mayor responsabilidad de los gobiernos ante sus ciudadanos o la denuncia de la corrupción, contribuye o no a mejorar el sistema democrático? Rechazar sus demandas porque no han sido elegidos en unas elecciones o porque el número de manifestantes es considerado insuficiente no es más que una manera de evitar un debate serio sobre la democracia y qué intereses son los que realmente están siendo representados en el Parlamento.

 

La paradoja democrática se hace cada vez más evidente: frente a instituciones (desde la monarquía hasta los partidos políticos pasando por el Tribunal Constitucional) con su legitimidad cayendo en picado, los ciudadanos asumen la responsabilidad de fortalecer la democracia. La brecha entre gobernados y gobernantes se agranda: mientras que los ciudadanos tienen que luchar por conseguir espacios en los que ser escuchados, el presidente del Gobierno sólo acude a hablar a los ciudadanos porque se siente obligado.