Parlamento y voluntad popular

Cuando en 2012 surgió la iniciativa de Rodea el Congreso, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, la comparó con el fallido golpe de Estado de 1981 en un intento hiperbólico por deslegitimar la protesta y añadió: “Eso es ocupar el Parlamento y tratar de contrariar la voluntad popular”. Y este segundo aspecto es, efectivamente, esencial, ya que da a entender que la voluntad popular pertenece en exclusiva al Parlamento. Cospedal parece olvidar que el Parlamento representa la voluntad popular y no la posee, dado que ésta emana del pueblo. De hecho, lo que llevamos apreciando desde el surgimiento del 15M es que la voluntad popular está siendo contrariada por los partidos políticos y que la existencia de un sistema democrático representativo no asegura la representación de los intereses de los ciudadanos.

  

En su libro Los principios del gobierno representativo, Bernard Manin hace un trabajo brillante a la hora de cuestionar la relación inmediata establecida entre gobierno representativo y democracia. El politólogo francés se refiere al espacio de indefinición creado por la idea en sí de que el pueblo se gobierna a sí mismo indirectamente o a través de sus representantes, ya que la falta de promesas vinculantes les da a los representantes un alto grado de independencia con respecto a los electores. Esto explica porque los gobiernos representativos tienen carácter tanto democrático como no democrático (u oligárquico). El riesgo de la deriva no democrática de la representación (la independencia de los políticos con respecto a sus electores) debe contrastarse con la libertad de la opinión pública. En palabras de Manin: “El pueblo puede en todo momento recordar su presencia a los representantes, las cámaras del gobierno no están blindadas frente a su clamor”.

 Sin embargo, estamos asistiendo a todo lo contrario: las cámaras del gobierno se están blindando y se cierran las posibilidades de interpelación ciudadana a los políticos. El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana se encarga de obstaculizar el deseo de los ciudadanos de recordar su presencia a los representantes. Las nuevas formas de protesta ciudadanas evidencian que la representación política se está distanciando de la voluntad popular. Así ocurre con el rodea el Congreso, que recuerda que la legitimidad del Congreso emana de la soberanía popular (y no únicamente de las decisiones tomadas por los políticos) o los escraches, que dejan claro que los políticos deben responder de las decisiones que toman ante los ciudadanos (que son quienes las padecen) y no ante su partido.

No debe resultar tan extraño que en 2013 la representatividad más fidedigna de la voluntad popular en el Parlamento se encontrara a menudo en la Tribuna de invitados, desde donde los ciudadanos presencian el desarrollo de las sesiones parlamentarias. Tampoco es casual que se haya vuelto habitual la expulsión de los invitados que interpelan a los políticos y protestan contra los proyectos que se están discutiendo. Sería bastante superficial considerar estas protestas como interrupciones de la labor de los parlamentarios y no entender que representan sensibilidades y opciones políticas excluidas de las decisiones tomadas por el gobierno representativo.

 Los promotores de la ILP contra los desahucios fueron desalojados del Congreso tras proferir gritos de “fuera, fuera” y “sí, se puede”. La protesta se inició tras afirmar el representante del PP, Teodoro García, que su partido y la PAH iban por el mismo camino. Esta identificación entre las propuestas de la PAH y las políticas del PP provocó malestar entre los activistas. Es un claro ejemplo de cómo el discurso político pretende apropiarse de la voluntad ciudadana sin incluir sus demandas sociales y la tribuna del Congreso se usa para escenificar una inexistente confluencia entre pueblo y gobierno. La expulsión de los miembros de la PAH simboliza la ausencia de diálogo entre políticos y sociedad civil, así como la imposibilidad del gobierno de practicar una representatividad más inclusiva.

La veintena de afectados por las preferentes corrieron la misma suerte. En cuanto Vicente Martínez Pujalte subió a la tribuna de oradores, los preferentistas gritaron que se les devolviera su dinero y después insultaron a los diputados y los llamaron “chorizos, ladrones, sinvergüenzas”. Una vez que Pujalte pudo retomar el uso de la palabra, tras la expulsión de los afectados, dio buena muestra de la brecha abierta entre políticos y ciudadanos. Lejos de ofrecer soluciones a los preferentistas, Pujalte se dedicó a señalar quién era el responsable real del problema. Ciñéndose al guion del “y tú más”, sostuvo que fue Zapatero quien engañó a los preferentitas. Es una buena muestra de cómo los intereses ciudadanos han sido reemplazados por un discurso de exculpación-inculpación entre los partidos políticos.

Las activistas feministas de FEMEN, previa protesta con el torso desnudo y al grito de “aborto es sagrado”, también fueron expulsadas, aunque su desalojo fue más complicado debido a la pericia de las activistas,  que tuvieron que ser desancladas de la barandilla y las columnas de la tribuna de invitados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien defendía su anteproyecto de ley del aborto, expresó su perplejidad porque el aborto no puede ser ‘sagrado’, sin entender el rechazo a la idea de legislar basándose en creencias religiosas. Gallardón calificó la protesta de falta de respeto a la soberanía popular. Para él, la representación política justifica su falta de respeto hacia la libertad de opinión pública que ha expresado su rechazo ante semejante retroceso social.

Todas estas expulsiones han ido acompañadas por aplausos por parte de algunos diputados, lo cual ha provocado la reprobación y censura desde la bancada popular. Curiosamente, por los mismos diputados que aplaudieron a Rajoy al reconocer que se había equivocado con Bárcenas. La imagen de políticos que censuran las demandas de los ciudadanos y celebran sus propios errores ayuda muy poco a dotar de representatividad al Parlamento. Sería mucho más productivo aceptar estas protestas como manifestación de la voluntad popular y preguntarse si sus demandas están siendo o no representadas. De otro modo, se corre el riesgo de pensar que mantener el orden en el Congreso es lo mismo que mantener el orden social, y obviar, una vez más, la indignación ciudadana.