Privilegios y bebés

La sesión constitutiva del Congreso no decepcionó. Los diputados de Podemos dejaron su impronta desde el primer día y se saltaron las normas de lo que debería ser un comportamiento ‘normal’ parlamentario: los de Compromís acompañados por una banda de música («como en una película de Berlanga»), los de Equo llegando en bicicleta (cual «personajes redivivos de ‘Verano Azul’»), un diputado con rastas («limpias para no pegarme los piojos») o nuevas fórmulas para jurar o prometer el cargo (propias de una «rocambolesca jura»). En definitiva, el comportamiento de Podemos fue un ‘circo’, un ‘show’ porque, por lo visto, se confunde el parlamento con un ‘plató de televisión’. Curiosamente, los medios de comunicación que califican a las acciones de Podemos de ‘política del espectáculo’ (como si la política hubiera empezado a ser espectáculo justo ahora) usan horas y páginas para hablar de bebés y piojos. Por lo que parece, el show sigue estando en los platós.

Con todo, los principales protagonistas de la jornada fueron dos: Carolina Bescansa y su bebé. Las críticas han sido más que numerosas: por exponer a su hijo, por tenerlo demasiadas horas en el hemiciclo, por pasarlo de mano en mano (¡también a Pablo Iglesias!) y, sobre todo, por no haberle dejado en la guardería del congreso. Carme Chacón fue particularmente dura, ya que muchas trabajadoras no pueden hacer lo mismo. La guardería se creó para que las diputadas sin baja de maternidad pudieran dar de mamar. Para Chacón su idea de corresponsabilidad parental se reduce sólo al papel de las madres, particularmente a la lactancia. Lo que la exministra de Defensa y Vivienda quería destacar es que Bescansa (al igual que ella) no es una trabajadora sino una privilegiada.

La primera toma de contacto con el parlamento ha sido utilizada por Podemos para demostrar que no son iguales que los políticos tradicionales y por el resto de los partidos para enfatizar que sí lo son, que no hay ninguna diferencia entre ellos porque tienen privilegios que otros trabajadores no tienen. Y esto último es cierto pero la pregunta relevante es ¿cómo se utilizan estos privilegios? Si los privilegios se utilizan para realizar reivindicaciones que son justas y responden a los intereses de los ciudadanos (y no sólo de su grupo), entonces cobrarán más sentido. A fin de cuentas, los que están criticando a Bescansa son los que pueden aprobar (o no) una ley que equipare los permisos de paternidad y maternidad o quienes pueden promover la educación infantil gratuita de 0 a 3 años (y no sólo la creación de una guardería en el parlamento a precio módico).

Lo que se puede reprochar a Bescansa (y a las explicaciones dadas por Podemos) es que la reivindicación de acudir con el bebé (¿amamantar en público? ¿las dificultades de la conciliación? ¿el impacto de la maternidad en la carrera profesional de las mujeres?) no fue lo suficientemente clara. Rafa Mayoral dijo que es una práctica normal, ya que en el parlamento europeo las madres van con sus hijos. ¿También debería ser que los padres fueran con sus hijos? ¿Cómo encajan esas prácticas normales con el modelo de conciliación de Podemos? Lo que no se le puede reprochar es que no lo haya llevado a la guardería del congreso si su intención, como ella misma declaró, es además llevar al bebé a una escuela infantil pública. Un acto reivindicativo tiene la intención de visibilizar una problemática que está fuera del debate político y que, sin embargo, requiere atención.

En este sentido, es importante distinguir entre debate político, restringido al parlamento, y público. El parlamento (aquel que no es un circo ni un show) se ha dedicado últimamente a alejarse de lo público. Las protestas de preferentistas, afectados por la hipoteca o activistas de Femen dentro del parlamento se han solucionado rápidamente con su expulsión. Ya desde fuera, rodear al congreso era una amenaza a la soberanía nacional y hacer escraches para recordar a los políticos los efectos de sus decisiones parlamentarias era directamente criminal. Ahora llevar a un bebé o prometer trabajar para cambiar la constitución son acciones impropias del Congreso. Cualquier acción que contraríe lo ‘normal’, cualquier cosa que implique el cuestionamiento del consenso político y su apertura hacia lo público, es rápidamente censurada.

El parlamento no deja de ser, ante todo, un lugar de trabajo y toma de decisiones. Aun así, es exigible que quienes tienen acceso a las instituciones (y cuentan con dicho privilegio) sean capaces de formular y reivindicar mediante propuestas legislativas o acciones simbólicas los problemas sociales que requieren soluciones. Las políticas de conciliación son un buen ejemplo. Si se consigue además que el parlamento sea capaz de generar debates públicos, se daría un paso adelante para que el congreso de los intereses (y las disputas) de los grupos políticos se convirtiera en un congreso conectado con las preocupaciones de la calle y los privilegios de los políticos se tradujeran en nuevos derechos para los ciudadanos.

Artículo publicado en el diario La Rioja el 17 de enero de 2016.